La ley que facilita edificar en suelo rústico llegará en medio año

La futura ley del suelo de Galicia que facilita edificar en suelo rústico para "dar vida al rural" y flexibiliza, al incorporar los criterios del Plan de Ordenación del Litoral (POL), la franja mínima de costa protegida --hasta ahora situada en la comunidad en 200 metros-- será aprobada en la Cámara entre finales de 2015 y enero de 2016.

Lo ha ratificado este jueves el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha comparecido con la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, después de que el Gobierno autonómico diese en su reunión semanal luz verde a la remisión del texto al Consello Económico e Social (CES), un paso que acerca a la norma al Pazo do Hórreo para su aprobación final.

Entre las novedades del texto, que incorpora la figura de los planes básicos para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, Vázquez ha especificado que también avanza en la "protección" de costas al unificar normas ya en vigor, de forma que se asume la directriz de la ley estatal de un mínimo de 100 metros de franja de protección costera, pero con los criterios del POL.

Y es que el plan del litoral gallego, aprobado también por el Ejecutivo de Feijóo, no se ciñe a franjas cerradas por metros, sino que, en función de la zona, la protección es de mayor o menor calado. En consecuencia, la Xunta no mantiene en la nueva norma del suelo "una franja fija de 200 metros" como hasta ahora, sino que ésta será "mayor" o "menor" en función de la zona en cuestión y de lo que diga el POL.

Vázquez ha incidido en el carácter proteccionista del plan del litoral, por lo que ha dado por hecho que, con carácter general, se amplía la zona de protección costera, al tiempo que ha defendido también en los avances en la edificación "con todas las garantías y exigencias" en el suelo rústico.

"Potenciamos que se aproveche el suelo rústico para los usos idóneos, como instalaciones de interés general para las que se necesita mucho espacio como colegios, hospitales o universidades; también cementerios y depuradoras", ha relatado la conselleira, para añadir que se incluye como uso autorizable el de viviendas ligadas a explotaciones agrarias, con el fin de que quien trabaja en el rural "pueda vivir en él".

De forma expresa, se reconocen también las capacidades turísticas de Galicia, de forma que, a través de las herramientas adecuadas y "con todas las garantías de dotación de los servicios necesarios", se promueven las construcciones y las obras de rehabilitación para usos turísticos que sean potenciadoras del medio donde se localicen.

Eso sí, para preservar los valores del entorno, las nuevas construcciones en suelo rústico deberán ajustarse a varios requisitos. Por ejemplo, el volumen máximo de la edificación será similar al de las edificaciones tradicionales existentes, con una altura máxima de siete metros.

Asimismo, la norma determina que la superficie de la parcela debe ser, como mínimo, de 2.000 metros cuadrados; la construcción ocupar un máximo del 20 por ciento del terreno; que se minimice el impacto visual y que se mantenga en su estado natural, como mínimo, el 50 por ciento de la parcela.

Tanto Feijóo como Vázquez han esgrimido que, desde 2009, se ha pasado de 37 ayuntamientos gallegos con plan general adaptado a la legislación vigente a un total de 83. También han incidido en la aprobación del POL y de las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT).

Ahora, han destacado que la nueva ley del suelo tiene vocación de permanencia y nace más simplificada, toda vez que se reduce en un 31 por ciento el número de artículos frente a la ley actualmente en vigor. Desde que el Consello aprobó el borrador de la ley en octubre, se sometió a consultas de 75 agentes y fue objeto de 30 encuentros sectoriales.

Como resultado de este proceso de participación, el texto incorpora ocho de cada 10 alegaciones formuladas desde distintos colectivos y organizaciones, entre los que destacan la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Con el objetivo de dotar a "todos" los municipios gallegos de normas urbanísticas, la Xunta elaborará a lo largo de 2016 un plan básico autonómico, que identificará al conjunto de los 33.000 núcleos de Galicia y delimitará las diversas zonas de afección sectorial.

Esta herramienta servirá de materia prima para elaborar los planes básicos municipales, con los que la Xunta pondrá a disposición de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que carecen de planeamiento y que tienen dificultades técnicas y económicas para elaborarlo, un instrumento de ordenación básico, adaptado a sus necesidades.

La previsión es que la redacción de estos planes básicos locales se lleve a cabo entre 2017 y 2020, y podría beneficiar a los 56 municipios gallegos de menos de 5.000 habitantes que actualmente carecen de planeamiento. Los ayuntamientos que recurran a esta herramienta tendrán voz en la tramitación de los planes básicos, y emitirán informes determinantes.

En cuanto a los ayuntamientos de más de 5.000 vecinos, conservarán la potestad exclusiva de redactar sus planes urbanísticos, si bien tendrán también medidas para "facilitar y agilizar" su tramitación. Así, los municipios pasarán a pedir a la Xunta un informe único en vez de los diferentes documentos sectoriales que hasta ahora se piden por separado.

Con la nueva norma, la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo será la encargada de solicitar los distintos informes sectoriales y estos deberán emitirse en un plazo máximo de tres meses o se entenderán como positivos, lo que según la Xunta reducirá en un 75 por ciento los tiempos de tramitación autonómica de los planes.

Además, "en una apuesta por la autonomía local", se les concede a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, es decir, a las siete grandes ciudades gallegas, la capacidad para aprobar definitivamente sus planes generales, contando con un informe preceptivo de la Administración autonómica.

Para contribuir a asentar la población en el rural, la ley se mantiene inflexible al prohibir la construcción de nuevas edificaciones con fines residenciales en suelo rústico, pero permite las nuevas viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias. Además, apuesta por la rehabilitación.

Con tal fin, pasan a considerarse como edificaciones tradicionales todas las anteriores al año 1975 y en ellas se elevan los porcentajes de incremento de volumen permitidos en las obras de rehabilitación, llegando hasta el 50 por ciento, siempre y cuando se respete la altura y la tipología existente y se introducen los usos artesanales, mediante actividades como los talleres de dulces o de jabones, queserías, cerámicas, bodegas o conserveras.

En relación con la delimitación de los núcleos tradicionales, se suprime el parámetro fijo que establece en todos los casos la línea perimetral en un máximo de 50 metros desde las edificaciones tradicionales existentes y se ajuste el límite a las infraestructuras y elementos naturales que haya en el lugar (tales como ríos o carreteras).

La ley también apuesta por el paisaje "como símbolo identitario" de Galicia. Así, como Feijóo ya había avanzado, se concederán prórrogas ilimitadas a las licencias de edificación condicionadas a que en primer lugar se remate el exterior de las construcciones, o en el caso de que las obras no estén iniciados.

La ley del suelo también obliga a que las características constructivas y estéticas de las edificaciones sean acordes con el paisaje rural.