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Cofely aplaza dos semanas el corte de luz en Parla

La empresa energética, implicada en Púnica, pide la rescisión del contrato en Villalba Los anteriores alcaldes de ambos municipios están imputados en la trama que investiga la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Parla, gobernado en minoría por el PP, ha conseguido una prórroga hasta el 27 de julio para que la empresa energética Cofely, implicada en la Operación Púnica, no le corte la luz por los diez millones de euros que debe el pasado octubre. El alcalde de la ciudad de 125.000 habitantes, Luis Martínez Hervás, logró el plazo de dos semanas gracias a la intermediación del Ministerio de Hacienda, controlado también por el PP.

El pleno municipal aprobó el pasado viernes un plan de ajuste de viabilidad económica para el periodo 2015-2024 con el voto a favor del PP, la abstención de Cambiemos Parla, Partido Socialista e Izquierda Unida, y el voto en contra de Mover Parla. La consecuencia inmediata es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reducirá la cuota de intereses del 6% que actualmente soportaba el Ayuntamiento a un 0% durante 2015 y un 1,31% a partir de 2016.

La rebaja busca facilitar la devolución de los 312 millones de euros que Parla recibió del Estado entre 2012 y 2013, dentro del plan de pago a proveedores. Beatriz Arceredillo, alcaldesa los últimos ocho meses —posteriormente dejó el Partido Socialista para liderar al movimiento ciudadano Mover Parla, segundo en las elecciones del pasado mayo, en las que el PP fue la lista más votada y pasó a gobernar Parla gracias al PSOE— tras la renuncia de José María Fraile por su imputación en Púnica, reveló que la deuda municipal superaba los 550 millones.

Frente al aplazamiento en Parla, Cofely pidió la rescisión del contrato que firmó con el Ayuntamiento de Collado Villalba para hacerse cargo del suministro energético del municipio por 43 millones. El Consistorio no les ha pagado ni una factura desde que iniciaron el servicio en septiembre del año pasado. Ahora piden 6,8 millones que incluyen el abono de las facturas que se les adeuda (más de cuatro millones), el lucro cesante y las inversiones que han realizado.

En el caso de que la corporación municipal no responda en el plazo de un mes, Cofely iniciaría los trámites de rescisión de forma unilateral. Este contrato provocó la dimisión e imputación en la trama Púnica del anterior alcalde, Agustín Juárez (PP).

Para el portavoz de IU, Ricardo Terrón, el Ayuntamiento debe tomar una decisión al respecto. “La ciudadanía no puede padecer las consecuencias de que la trama de corrupción haya tocado de pleno al PP”, sostiene. También recuerda que Cofely ha acudido a los tribunales para denunciar la situación. Desde el equipo de gobierno llaman a la calma y aseguran que no están dispuestos a pagar la cantidad que exige la empresa, aunque están dispuestos a negociar. El concejal de Obras y Servicios, Alberto Sánchez, asegura que “el contrato se rescindirá siempre que no perjudique a los vecinos”. Añade que los técnicos municipales están verificando las cantidades que exige la empresa.

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IU recuerda que se ha incumplido el acuerdo de pleno, según el cual el Ayuntamiento se personaría como acusación particular en la Púnica. La inactividad del PP ha obligado a que IU presentara en mayo una solicitud de personación ante la Audiencia Nacional, critican.

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