Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, imputado por cohecho

La juez Pilar de Lara imputa los delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, expresidente de la Diputación de Lugo, en relación con la urbanización conocida como O Garañón, aprobada cuando él era concejal de Urbanismo en la capital de la provincia. Besteiro está citado para declarar en calidad de imputado el 31 de julio. La magistrada también cita para el mismo día, con las mismas imputaciones menos cohecho, al exalcalde socialista José Clemente López Orozco, ya investigado desde hace años en la Operación Pokémon.

La instructora de estas nuevas diligencias contra Besteiro es Pilar de Lara, titular del 1 de Instrucción de Lugo, a pesar de que corresponden al juzgado número 2. La magistrada tiró del hilo hasta llegar a Besteiro a partir de un constructor que aparecía en el sumario de la Operación Carioca contra la trata de mujeres en la provincia de Lugo. De nuevo, varios episodios sobre los hechos que se investigan actualmente, y que han dado lugar a una pieza separada, fueron aflorando a lo largo del sumario Pokémon sobre corrupción política. 

Según el auto, Gómez Besteiro, exconcejal de Urbanismo de Lugo, compró supuestamente mediante un contrato privado el 30 de diciembre de 2004 un piso, un acuerdo que luego fue elevado a público el 31 de mayo siguiente. Según la información recabada por el juzgado, en diciembre consta que el político pagó 36.000 euros en metálico como señal, una cantidad que los investigadores no saben de dónde sale y que vulneraría la normativa sobre blanqueo. El resto, hasta 138.232,78 euros, se pagó supuestamente en cheque, pero el juzgado tampoco conoce la procedencia de la suma. Este era el precio de tasación hipotecaria ocho años antes de realizarse la operación, ya que según un informe pericial, el valor en el momento de la compraventa debía ser de 170.000 euros.

El anterior propietario del inmueble, Alfonso Quiroga, dueño de Construcciones y Promociones JA Díaz, SL, había vendido el 19 de mayo de 2004 los terrenos donde se edificó la polémica urbanización de O Garañón a otro empresario, Ricardo Iglesias. El 31 de diciembre de 2005, coincidiendo en fin de año y sábado, el alcalde Orozco convocó de forma extraordinaria una junta de gobierno en la que se aprobó definitivamente el convenio entre el consistorio y Ricardo Iglesias para la urbanización. Un día después entraba en vigor la ley 15/2004 de reforma de la LOUGA (Ley de Ordenación Urbanística de Galicia).

Fuentes relacionadas con el caso explican que el propio Besteiro se otorgó supuestamente después licencia de obra menor para hacer reformas en su piso aunque bajo el nombre del anterior propietario. El precio de reforma, según la solicitud de licencia, fue de 9.000 euros, pero el real, según la investigación, fue de 52.000. Las tasas, que de esta manera eran muy inferiores, también se pagaron en nombre del anterior dueño del inmueble, que ante la juez ha dicho que no recuerda haber solicitado esas obras de acondicionamiento. Estos trabajos los llevó a cabo una empresa que aparecía ya citada en las declaraciones de la trama Carioca, Construcciones Pedrouzo, pero no se realizó factura hasta cinco años después, en octubre 2010, a nombre de la esposa de Besteiro, cuando el propietario de la empresa ya era investigado por la juez De Lara. De esta manera, comentan las mismas fuentes, Besteiro, siendo edil de Urbanismo, "habría estado defraudando al propio Ayuntamiento del que formaba parte". La magistrada sospecha, además, que las obras por 52.000 euros fueron en realidad un "regalo" al político, y ha recabado testimonios que así lo apuntan.

No obstante, la factura aparece pagada con cargo a una cuenta de Besteiro en la misma fecha de 2010. "En el mejor de los casos", indica la magistrada en el auto, "de ser ciertos los pagos efectuados, cuestión que habrá de investigarse, se podría hablar de un trato de favor por parte de Construcciones Pedrouzo al señor Gómez Besteiro, toda vez que no es habitual que una empresa espere cinco años en cobrar unas obras". Y más, "teniendo en cuenta la crisis que afecta especialmente al sector del ladrillo", concluye. Podría tratarse de un "documento ficticio", añade, al "estar en marcha la investigación", pero lo más "llamativo" es que "el abono no conste como es obligatorio en la contabilidad" de la empresa.

En la licencia de obra solicitada al Ayuntamiento figura como peticionario el anterior dueño de la casa y al mismo tiempo expropietario de los terrenos de O Garañón. Y el documento que da permiso para la reforma está firmado por el que era concejal de Urbanismo en ese momento, Besteiro, que según el contrato de compraventa ya era titular de la vivienda.

Por su parte, José Clemente López Orozco, obligado a dejar la alcaldía en los pactos poselectorales, adquirió en escritura pública el 5 de enero de 2006 a Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández, SL, dos plazas de garaje en otra promoción. El precio declarado de cada una de las plazas fue de 7.200 euros, aunque al juzgado no le consta el medio de pago. En esa zona, según la Xunta de Galicia, el precio de cada plaza debía ser de unos 10.800 euros. La juez relaciona a esta empresa constructora con operaciones urbanísticas como la de la división y venta de los terrenos de un viejo hospital "inservible" y "sin edificabilidad alguna" al Instituto Nacional de Estadística, un proceso en el que las fincas fueron cambiando de manos y en el que aparece como eslabón final con el Estado la firma Ingapán, una compañía que no es inmobiliaria, sino panadera. Según De Lara, podría tratarse de un "pelotazo" urbanístico en el que Ingapán habría empezado a negociar la venta con el INE cuando todavía no era titular de la parcela y habría obtenido una plusvalía de un 46,44%.

En el auto, la magistrada reclama información bancaria relativa a Orozco, Besteiro y su esposa, entre otros. En el caso del secretario general del PSdeG, exige los datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2013.

Besteiro es secretario general del PSdeG desde septiembre de 2013, cuando ganó las primarias consultivas, luego ratificadas en un congreso de delegados, que convocó su antecesor, Manuel Pachi Vázquez. En las pasadas elecciones municipales el PSdeG mantuvo el 26% de los votos que había logrado cuatro años antes en el conjunto de Galicia, pero perdió numerosos votos en las principales ciudades, con la excepción de Vigo. La mayor derrota de los últimos comicios la sufrió el PSdeG hace dos semanas, cuando perdió la presidencia de la Diputación de Lugo, que el propio Besteiro ocupaba desde 2007 con el apoyo del BNG. El líder de los socialistas gallegos ya había anunciado que no aspiraba a repetir en el cargo pero el que estaba llamado a ser su sucesor, el alcalde socialista de Becerreá, Manuel Martínez, fue vetado por los nacionalistas por estar imputado por malversación de caudales públicos. Martínez se negó a retirar su candidatura en favor de otro compañero y en la votación de investidura su voto acabó entregando la presidencia de la diputación al PP.

Por su parte, la imputación en otra causa de corrupción, el caso Pokémon, que ya pesaba sobre Orozco, alcalde de Lugo desde 1999, hizo que su reelección tras los comicios del pasado 24-M fuese vetada por el BNG y la plataforma ciudadana Lugonovo, cuyos votos eran necesarios para que el PSdeG mantuviese la alcaldía. Dos días antes de la constitución de la Corporación Orozco acabó retirándose y cediendo la alcaldía a una compañera.

José Ramón Gómez Besteiro salía al paso de la imputación esta tarde con una nota de prensa a título personal. Decía que acababa de "tener conocimiento" de la providencia, con fecha de hoy, día 3, en la que De Lara lo citaba a declarar como imputado, "a través de los medios de comunicación". "Quiero manifestar mi sorpresa por no haber recibido ninguna notificación por vía judicial, lo que provoca una situación de indefensión inadmisible", sigue el comunicado. "Tengo confianza absoluta en la legalidad del proceder del Ayuntamiento de Lugo con respecto a la zona de O Garañón. Es público que todos los trámites administrativos se ajustaron estrictamente a la legalidad y a determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal aprobado por el Partido Popular en 1991", añade. Tuvo, dice, "todos los informes técnicos favorables".