Artur Mas declara 400.000 euros en ahorros y acciones

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, cobra un salario anual de 144.030 euros y declara que tiene 110.000 euros en cuentas corrientes y depósitos bancarios, 213.100 euros en planes de pensiones y 51.543 euros en acciones y productos similares. Además, es propietario de una vivienda comprada en 1991 y que tiene un valor de 230.874 euros. Así consta en el Portal de la Transparencia integrado por las diferentes Administraciones públicas catalanas.

Coincidiendo con la entrada en vigor ayer de la Ley de Transparencia, la nueva consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, presentó ayer la nueva página web Transparència Catalunya, que recopila la información sobre sueldos, contratos o subvenciones de la Generalitat, el Parlament, los Ayuntamientos, las Universidades, partidos políticos, sindicatos y otros organismos. En los próximos días también aparecerá la información sobre lobbiesde presión.

Según los datos publicados por el Parlament, la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, tiene asignado un sueldo de 9.300 euros mensuales. Además cuenta con 1.543 euros mensuales para destinarlos a gastos y viajes. De Gispert ha declarado que tiene cuatro inmuebles en propiedad por un valor total de 600.000 euros y aparece en cinco más como copropietaria (1,37 millones). Además dispone de 82.000 euros en cuentas y depósitos, 30.800 en acciones, 55.000 en plan de pensiones y varios préstamos.

En el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras, su nómina —y la de los portavoces de otros partidos— se queda más corta, en 5.750 euros, pero dispone también de 1.543 para gastos. El patrimonio de Junqueras es más escueto: dos inmuebles con un valor total que asciende a los 260.000 euros. Además declara 19.600 en cuentas, 57.900 en valores mobiliarios y 111.000 en planes de pensiones. En su declaración, Junqueras también anota que los diputados de ERC realizan donaciones económicas a la Fundación Josep Irla, vinculada al partido, que oscila entre el 3 y el 15% de sus nóminas.

El caso del portavoz del PSC, Miquel Iceta, declara dos viviendas (570.000 euros), 6.000 euros en cuentas, 132.600 en acciones y 100.000 en planes de pensiones, un cuadro valorado en 10.000 euros y dos préstamos (300.000).

Alicia Sánchez Camacho no percibe nómina del Parlament (cobra del Senado), pero sí dispone de 1.254 euros para gastos. La líder del PP declara 3.300 euros en su cuenta, dos viviendas (300.000 euros), dos hipotecas (un millón de euros) y dos préstamos personales (100.000).

Joan Herrera (ICV-EUIA) declara tener solo una vivienda valorada en 60.000 euros, 29.000 en el banco y un crédito de 37.000 euros. Albert Rivera (Ciudadanos) dice ser copropietario de dos viviendas (370.000), tener 4.000 en su cuenta y dos hipotecas (160.000). David Fernàndez (CUP) asegura que dispone de 10.500 euros en su cuenta, un crédito familiar de 6.800 euros y que no dispone de ninguna vivienda en propiedad.

El Ejecutivo catalán ya había puesto en marcha en 2013 un portal de la transparencia con las retribuciones de los consejeros, sus asesores y los máximos responsables de consorcios, empresas públicas y fundaciones, pero ahora se ha incorporado también la información sobre los bienes patrimoniales de los cargos electos, según aseguraron desde el Departamento de Gobernación. También se estrena la web que hace referencia a los datos de los diputados de la Cámara catalana. Sobre los municipios, en estos momentos solo se incluyen aquellos que ya han puestos en marcha sus propios portales de transparencia. Desde la Generalitat recuerdan que la normativa da de plazo seis meses a los Ayuntamientos para que incorporen estos datos.

Además de la información sobre sueldos y bienes, el portal amplía otros datos referentes al perfil profesional de los cargos públicos, las contrataciones o sobre subvenciones. “Ahora se publican todas las subvenciones y su justificación, cuando antes sólo se incluían aquellas que superaban los 2.000 euros”, explican fuentes de Gobernación.

Durante la presentación del portal, Borràs destacó que la nueva ley de transparencia es “muy ambiciosa” y plantea un “cambio de cultura” en la Administración pública que permita “recuperar la confianza” de la ciudadanía.