Churiaque critica que el poder público no atienda recomendaciones del TVCP

El presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), José Ignacio Martínez Churiaque, ha criticado hoy que la Administración vasca no atienda las "medidas correctoras" que propone este órgano, algo que hubiera evitado "algunas de las consecuencias" del fallido proyecto automovilístico Hiriko.

Churiaque ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco a petición de EH Bildu para dar cuenta del informe de fiscalización de los 2,2 millones de euros en ayudas otorgadas por el Gobierno vasco a este fallido proyecto automovilístico, que ha acabado en manos de la Justicia tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Álava contra sus promotores por, entre otros, el delito de malversación de caudales públicos.

Ésta ha sido la última comparecencia de Churiaque como presidente de este órgano, ya que el Parlamento Vasco tiene previsto designar mañana a los siete vocales del TVCP para los próximos seis años. Churiaque ha explicado que el informe de fiscalización de las ayudas otorgadas a Hiriko -aprobado por mayoría el pasado mayo y remitido a la Cámara en junio- se incluyó en el análisis de las cuentas correspondientes a 2013 de la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y que en él se detectaron varios "ilícitos administrativos".

En concreto, ha señalado que se entregaron ayudas por un cómputo de 2,2 millones de euros en el marco del programa Etorgai, dirigido a proyectos de I+D, y Ekintzaile, de apoyo a personas emprendedoras, sin "exigir las garantías" que establece la legalidad para los supuestos de pagos anticipados a proyectos de innovación.

Churiaque ha explicado que el decreto que regula este tipo de ayudas obliga a exigir garantías cuando los pagos anticipados superan los 180.000 euros, lo que no ha sucedido con las empresas que lideraron Hiriko. "Hay una práctica por parte de la Administración por no cumplir escrupulosamente el requisito de la norma", ha advertido Churiaque.

También ha indicado que en el caso de Hiriko se ha observado que al igual que ha sucedido en otras ocasiones no se ha exigido justificar el 100 % de todos los ingresos y gastos de la actividad para comprobar que la parte financiada por la Administración ha ido destinada al objeto de la ayuda. Por tanto el tribunal no puede examinar si ha habido concurrencia de ayudas o "sobrefinanciación", ha explicado Churiaque, que ha recordado que en otras administraciones españolas un auditor privado verifica todos los justificantes al 100 % y que ésta es una "vieja reivindicación" del tribunal.

"Si los criterios de tribunal se hubiesen llevado a la práctica antes del proyecto Hiriko, sin lugar a dudas nos hubiésemos dotado de mecanismos de mejor control que posiblemente hubiesen evitado algunas de las consecuencias actuales", ha aseverado.

Asimismo ha añadido que si los "potenciales ilícitos administrativos" se cumplen "manera persistente" y no se toman decisiones por parte de las autoridades, "se sigue pensando que el incumplimiento de la norma es una relajación de las costumbres y no es una explicación de las posibles corrupciones detectadas en otros ámbitos".

Así, Churiaque ha recordado que detrás de los ilícitos administrativos no hay una "conducta de corrupción" pero ha advertido de que cuando hay una conducta investigada por los tribunales y se imputa un supuesto delito de corrupción, "siempre el inicio fue un ilícito administrativo". "Están consiguiendo que un tribunal de cuentas les diga cuáles son las medidas correctoras que hay que tomar a la Administración y aquí no se toman", ha resumido Churiaque, quien ha justificado el desafecto de los ciudadanos ante las instituciones en este tipo de actitudes "laxas".

"El tribunal cumple cuando pone en conocimiento ante ustedes los ilícitos administrativos y espera que ustedes como legisladores cumplan proponiendo al Gobierno la modificación de la norma o la conducta", ha añadido.

Churiaque también ha explicado que al informe sobre Hiriko emitió un voto particular al estimar que el tribunal debería haber fiscalizado también las ayudas concedidas a este proyecto por el Gobierno central (unos 14 millones) y por la Diputación alavesa (37.000 euros).