Los trabajadores sociales podrán ser “relevados” en los desahucios

Los trabajadores sociales del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Barcelona (IMSS) podrán "ser relevados de su presencia" durante un desahucio si lo piden "motivadamente". La comisión de seguimiento del protocolo que obligaba a los profesionales a asistir a los desalojos decidió en una reunión celebrada el pasado 4 de marzo que si los afectados por un lanzamiento ya están siendo atendidos por los servicios sociales, estos podrán solicitar no acudir el día en que la comisión judicial lo ejecute. Así lo recoge la resolución de la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, hecha pública este viernes en respuesta a una queja planteada por los empleados del IMSS.

El Consistorio, la Generalitat y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña firmaron en marzo de 2013 un protocolo para acelerar el contacto entre los afectados por un desahucio y los servicios sociales municipales y evitar "riesgos y proporcionar garantías a la comisión judicial". Tras dos años de cumplimiento, los trabajadores sociales denunciaron a finales del año pasado en una carta enviada al alcalde, Xavier Trias, que su presencia se utilizaba para "legitimar un lanzamiento", ya que el Ayuntamiento "no garantiza un realojo digno a los ciudadanos". Afirmaban que no existía la "garantía de recursos públicos adecuados para restablecer el derecho a la vivienda de las personas afectadas" y que el convenio parecía más pensado en proteger a la comisión judicial que en ayudar a los desalojados.

Según la resolución de la síndica, Trias respondió en febrero que la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Actuación estaba revisando los procedimientos que se siguen en los desahucios y que se había hablado de la posibilidad de que los trabajadores sociales no tengan que acudir "en algunos casos". Aunque su presencia es obligatoria "si la autoridad judicial lo requiere".

La asamblea de trabajadores del IMSS solicitó al Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña un dictamen sobre la posibilidad de acogerse a la objeción de conciencia y no acudir a los desahucios. La institución respondió que dicha objeción no estaba vinculada a valores ideológicos, morales o religiosos sino a "argumentos técnicos, jurídicos y deontológicos". Por lo tanto, "se debería hablar de objeción de ley o desobediencia civil" y no de conciencia. Aún así, la avaló: "El Colegio defiende que los profesionales valoren si su presencia es necesaria y aporta un valor añadido a los lanzamientos a los que se les convoca... si valora que no ha de estar presente, el Colegio defiende esta opción". Además, planteó la revocación del acuerdo y pidió un nuevo protocolo.

La síndica ha estimado la queja de los trabajadores del IMSS "porque plantea un tema de gran importancia en el proceso de intervención social con las familias vulnerables" y ha recomendado que las revisiones al protocolo continúen. Además, ha sugerido que se valore la posibilidad de que sea la Central de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) la que acuda a todos los desahucios. Hasta ahora, la CUESB solo asistía cuando los afectados no habían sido atendidos previamente por los servicios sociales. Según la síndica, la presencia de la CUESB "sí es necesaria porque puede atender a las personas que requieran atención psicosocial de manera inmediata", mientras que la de los profesionales de atención básica no lo es tanto.