El alcalde saliente de Ourense firma el derribo de una casa entre protestas

"¿Puede demolerse ilegalmente una vivienda ilegal?". Tres días antes de traspasar el bastón de mando y abandonar la representación municipal, el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Ourense, el socialista Agustín Fernández, ha firmado la más controvertida de sus decisiones institucionales: ha ordenado ejecutar la sentencia de derribo de una casa unifamiliar de la parroquia de Reza, una contrucción singular integrada en el paisaje, obra del reconocido arquitecto gallego Fernando Blanco y hogar de un exlíder vecinal que luchó incansablemente contra la depuradora municipal ubicada en el mismo enclave y que, declarada ilegal, sigue en pie. El abogado de la familia, Antonio Feijóo Miranda, sostiene que la demolición de la casa, iniciada este miércoles, "es totalmente ilegal" ya que "no tiene licencia, no cumple ni el protocolo de seguridad del proyecto y arrasa, además, árboles protegidos". El letrado, que ha demandado judicialmente por esta razón al alcalde, ha presentado también denuncias en las consellerías de Trabajo, Medio Ambiente y Medio Rural. "¿Puede demolerse sin licencia?", repite el abogado. Y se contesta: "Salvo que el juez lo sepa y lo haya aceptado, la responsabilidad es del Ayuntamiento".

La actuación, con un pie ya fuera de la corporación local, del regidor socialista, cuestionada incluso por concejales de su propio grupo, ha evitado mancharse las manos a su sucesor, con toda probabilidad, Jesús Vázquez, exconselleiro de Cultura de Alberto Núñez Feijóo, del PP, el mismo partido que elaboró en 2003 un planeamiento urbanístico aprobado con sus solos votos y tumbado por numerosas sentencias judiciales, lo que provocó la situación de ilegalidad de la vivienda que con el nuevo planeamiento, pendiente de aprobación en este nuevo mandato, podría haber recuperado la legalidad.

Con la Subdelegación del Gobierno en Ourense impididiendo el acceso de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de los periodistas, que acabaron reclamando a gritos "libertad para informar", las excavadoras, protegidas por cerca de un centenar de policías, comenzaron a fulminar ya el hogar de Miguel Fernández, Rosa Alonso y los hijos de ambos, cumpliendo el deseo del vecino que los denunció en su día y cuya casa, en pie, es también ilegal.

Ni la demanda judicial por la supuesta ilegalidad de la demolición, ni la resistencia ciudadana (cerca de un centenar de vecinos acamparon en la vivienda en solidaridad con la familia), ni el clamor plasmado en un manifiesto contra el derribo firmado por 60 arquitectos gallegos y numerosos artistas e intelectuales, han sido suficientes para evitar que se reduzcan a escombros 24 años de vida de una familia.

Tras hacer caso omiso a la petición de demora de 10 días realizada por los abogados de los afectados para poder iniciar un proceso de legalización, el alcalde en funciones se presentó ante los medios de comunicación como "un simple mensajero" del juez que dictó la sentencia.

En el último pleno de su mandato, convocado para el mismo día del derribo, Agustín Fernández ha soportado el abucheo de los ciudadanos que acudieron a hacerle un escrache y se vio obligado a desmentir el rumor de que "a cambio" de mostrarse implacable con esta demolición sería contratado junto con su hija por una importante constructora gallega. El PP, que herederá ya resuelto el problema que generó su ilegal plan de urbanismo, ha mirado mientras tanto hacia otro lado.