Un estudio alerta de que Ikea afectará al comercio de la provincia de Alicante

El último estudio realizado sobre la iniciativa para traer a la multinacional Ikea a la ciudad de Alicante y construir uno de los mayores centros comerciales planeados en España ha vuelto a sembrar dudas sobre este proyecto. Según el trabajo realizado por la Universidad de Alicante (UA) para la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), el impacto de esta actuación podría acabar con entre 3.500 y 5.300 empleos del sector minorista en toda la provincia. El cálculo de locales que podrían bajar la persiana permanentemente ronda una media de 1.500 en toda la provincia.

La superficie comercial que destruiría este polémico proyecto impulsado por la Generalitat Valenciana como una Actuación Territorial Estratégica (ATE) incluso podría superar a la creada, advierte el estudio. Entre 170.000 y 250.000 metros cuadrad0s podrían desaparecer, cifras que superan en mucho al suelo propuesto para el macrocentro, que prevé construir entorno a 137.000 metros cuadrados.

La iniciativa urbanística se ubicaría en el barrio alicantino de Rabassa y dañaría especialmente al sector comercial de la ciudad de Alicante. Más de 1.100 trabajos se perderían. Pero la huella que dejaría el macrocentro, que está previsto sea gestionado por la multinacional sueca, alcanzaría a varias áreas comerciales en seis comarcas distintas, afectando especialmente a los entornos de Elche, Elda-Petrer, Alcoi-Cocentaina y Villena. El balance neto de creación de empleo arroja unas pérdidas de entre 1.400 y 1.200 ocupados.

El coste medioambiental también será alto. Las emisiones de dióxido de carbono aumentarán un 2% anualmente, según los cálculos ofrecidos por este trabajo dirigido por el ingeniero Armando Ortuño desde el Departamento de Edificación y Urbanismo de la UA. El trabajo es la base de las alegaciones que Facpyme plantea ante el Consell valenciano, después de que la administración valenciana haya asumido este plan presentado por la unión temporal de empresas Alicante Avanza. Se suma a las presentadas por el Ayuntamiento de Alicante, que considera inasumible el plan tal cual se plantea.

Además de por las suspicacias de los comerciantes, la controversia tiene como trasfondo los posibles orígenes ilícitos del plan. Está considerado por la policía como la continuación de una actuación urbanística por la que están imputados la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y uno de los principales promotores de la ATE y contratista municipal, Enrique Ortis, imputado en el caso Brugal y procesado en Gürtel.