Vecinos y artistas pelean por evitar el derribo “politizado” de una vivienda

Sensibilidad e integración en el paisaje. Estos fueron los cimientos sobre los que en 1991 el arquitecto Fernando Blanco proyectó la vivienda familiar de su amigo, el poeta y entonces reivindicativo líder de un movimiento vecinal en el entorno rural de la capital ourensana, Miguel Fernández. La singular construcción, prácticamente diluída en el paisaje de la parroquia de Reza, se quedó sin licencia en 2003, cuando varias sentencias judiciales tumbaron el planeamiento urbanístico aprobado en solitario por el PP. Fernández luchaba entonces en nombre de los vecinos de la localidad de Reza, en la que construyó su casa, contra la ilegal depuradora del Ayuntamiento de Ourense que presidían los populares. Ahora, 23 años después de levantada la vivienda -una excepción en el entorno del "feísmo" del planeamiento de esa zona-, Agustín Fernández, alcalde en funciones del gobierno socialista que el día 13 abandona el cargo y deja a su grupo mermado en la oposición, apura la ejecución del derribo ordenado por sentencia judicial, para la que hay tres meses de plazo, pese a la inminente aprobación del nuevo plan. La depuradora ilegal ubicada en el mismo entorno y contra la que Fernandez llegó al Supremo, y ganó, sigue en pie.

Esta mañana, con el entorno de la vivienda sitiado por un gran despliegue policial (seis furgones antidisturbios, cuatro patrullas policiales y los bomberos) que impidió el acceso a cientos de personas -y también a los periodistas que acudían a realizar su trabajo, lo que ha merecido la condena del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia- , las máquinas metieron el hocico en la finca. Pero acudieron a reponer la legalidad, incumpliéndola: no tenían licencia ni proyecto firmado de demolición. "Se viene a demoler una casa por falta de licencia como consecuencia de la caída del plan urbanístico y pretende hacerse sin licencia", clamó el abogado de la familia. "Yo no puedo cuestionar la resolución judicial que ordena un derribo, pero el juez no autoriza a hacerlo sin un proyecto aprobado y este no lo estaba", explicó el letrado que ya ha anunciado una querella por prevaricación contra el alcalde.

En medio de la angustia de la familia, los técnicos municipales se tomaron 55 minutos para debatir sobre la situación generada, hasta que el director de la obra de demolicion optó por renunciar y el alcalde, "sin que esa renuncia hubiese pasado por ningún tramite colegial", matizó el abogado, nombró de urgencia otro director de obra. Para completar el caos, en el proyecto de derribo no figuraba el tanque de gasóleo que es necesario neutralizar y los técnicos municipales no supieron ubicarlo en el proyecto. El letrado sostiene que la anulación del tanque requiere un trámite administrativo y además es necesario vallar el entorno, pero la orden del regidor ourensano era demoler con urgencia.

Mientras los abogados de la familia reclamaban a los técnicos municipales los expedientes que estos no tenían, en el interior de la vivienda numerosos amigos de los propietarios, vecinos y artistas que esta semana colgaron sus obras en la casa para convertirla en museo e intentar frenar in extremis el derribo, se mostraban dispuestos a ejercer una resistencia numantina. No fue necesario.

La negativa del arquitecto a firmar la demolición y la renuncia del jefe de obra a dirigir la operación, la aplazó 48 horas. Las máquinas acudirán de nuevo a primera hora de la mañana del lunes para intentar echar abajo la casa familiar sobre la que, desde que se construyó, en 1991, pesa un rosario de denuncias de un vecino que levantó más tarde una vivienda a menos de 50 metros. En aquel momento, la comisión de urbanismo autorizó esa última construcción y denegó la de Fernández y su mujer alegando que había otro permiso tramitado a menos de la distancia necesaria. Los abogados de la familia afectada sostienen que las denuncias solo buscan "una compensación económica" toda vez que "no hay afectación, dada la integración de la casa en el paisaje, ni de vista, ni de luces ni de nada".

La familia ya ha anunciado que recurrirá "al Tribunal Constitucional y a Estraburgo" mientras espera una sentencia sobre una denuncia que ha interpuesto contra la Xunta de Galicia "por actos nulos". Los propietarios responsabilizan de la situación en la que se encuentran a "la corrupción de funcionarios politizados que mueven los expedientes a su antojo en los cajones".

La vivienda familiar -el hogar durante estos 23 años del matrimonio y sus dos hijos- se construyó con todas las licencias necesarias. Fue legal hasta que la justicia tumbó el plan de urbanismo del PP arrastrando a la ilegalidad a actuaciones que, como esta, se ajustaban a la ley. El letrado señala que el gobierno local debería haber contestado las alegaciones presentadas hace un mes por los propietarios teniendo en cuenta que "la administración, antes de proceder a una actuación material debe resolver el problema de legalidad del expediente". "Si hay demolición, será responsabilidad del Ayuntamiento que concedió la licencia", sostiene el abogado.