El PP pierde su poder de veto tras 20 años en la Asamblea de Madrid

El Partido Popular dejará de tener el control, tras 20 años de ejercerlo, en la Mesa de la Asamblea de Madrid, el órgano que califica, con su visto bueno o rechazándolas, las propuestas de los grupos políticos representados en el Parlamento. El PP lleva cinco legislaturas imponiendo su mayoría en la Mesa, donde ha contado los últimos cuatro años con cuatro de los siete miembros que la componen, mientras PSOE, IU y UPyD tenían un representante cada uno. En caso de empate, el presidente de la Mesa, del PP, tenía capacidad de veto.

Si por algo se ha caracterizado la Asamblea desde 1995, tiempo que el PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid de forma ininterrumpida, es por el rodillo parlamentario que ese partido ha aplicado, afianzado en las mayorías absolutas que ha ido logrando. El resultado electoral del pasado domingo, en el que el PP perdió casi 20 puntos de apoyo —bajó del 51,73% de votos en 2011 (72 diputados) al 33,10% (48)—, supone un cambio radical en el funcionamiento del Parlamento regional.

La pérdida de control de la Mesa —en el peor de los escenarios el PP contará en ella con dos representantes y en el mejor con tres, a uno de la mayoría absoluta— obligará a su candidata, Cristina Cifuentes, “a buscar pactos y cambiar las costumbres absolutistas de los últimos años”, señala un dirigente de la dirección regional del partido. Una afirmación con la que coinciden los demás partidos. “Llega un nuevo tiempo para hacer política. Una institución es fuerte cuando es más participativa y más democrática”, reflexiona Ángel Gabilondo (PSOE). “Nuestras expectativas son hacer un trabajo institucional de verdad. El Parlamento regional va a tener un peso que no ha tenido en anteriores legislaturas... Hay mucho que hablar en Madrid, y por eso la Asamblea va a ser fundamental”, observa José Manuel López (Podemos). “No solo hay que abrir las ventanas, hay que levantar las alfombras de la Asamblea”, añade Ignacio Aguado (Ciudadanos).

El cambio de estilo de la Mesa marcará tanto el funcionamiento del Parlamento como los asuntos que se traten en el hemiciclo, cuyas sesiones ya no se alargarán hasta la madrugada. Las opciones que se barajan son que empiecen por la mañana (ahora lo hace a las 16.00) o se dividan en dos días.

La previsión es que los siete miembros de la Mesa sean elegidos el 9 de junio, mediante cuatro votaciones. En la primera se vota al presidente. El PP necesita el apoyo de los 17 diputados de Ciudadanos para garantizar que salga elegido su candidato frente a la opción que presenten el PSOE (37 escaños) y Podemos (27). En caso de no resultar elegido el presidente por mayoría absoluta, los dos parlamentarios propuestos resolverían el empate en una segunda ronda de votaciones.

Decidido el presidente de la Mesa, en la siguiente votación se eligen los vicepresidentes primero, segundo y tercero. En principio, PP, PSOE y Podemos se repartirían cada puesto, al ser los tres partidos más votados en las elecciones de la semana pasada.

La elección de los secretarios primero y segundo del órgano de control del Parlamento se resolverían en una tercera votación —en teoría serían para PP y PSOE—, mientras que el tercer y último secretario de la Mesa sería de Ciudadanos. Esto es una excepción, ya que por su condición de cuarta fuerza política no le correspondería el puesto. Existe un precedente, el de UPyD en la legislatura que concluye. Cifuentes está a favor de que todos los grupos políticos con representación parlamentaria tengan presencia en el órgano de gobierno de la Asamblea. Ciudadanos ya ha renunciado a presidir la Mesa, en la hipótesis de que cerrara un pacto con el PP, pero sí reclama al menos uno de sus otros seis asientos.

Responsables del PP, incluidos diputados que repiten en la lista de Cifuentes, comparten la opinión de que el Ejecutivo autónomo “se ha cerrado constantemente en banda”, tanto con Esperanza Aguirre como con Ignacio González, frente a las peticiones de la oposición en esta legislatura.

Los ejemplos del modo en que el PP ha impuesto su supremacía en la Asamblea abundan. EL PAÍS adelantó a finales de 2014 cómo el Tribunal Constitucional le había dado la razón a UPyD en al menos tres sentencias por el veto de la Mesa a debatir y votar iniciativas referidas a Caja Madrid, corrupción y Eurovegas, en septiembre y octubre de 2012 y, posteriormente, entre febrero y abril de 2013. El máximo tribunal falló que se había “vulnerado” el derecho del partido de Rosa Díez “a ejercer las funciones representativas” que marca la ley, e instó a “declarar la nulidad” de los acuerdos de la Mesa. El Constitucional concluyó que se debían “retrotraer” las actuaciones de la Mesa, que debía “adoptar nuevas resoluciones respetuosas con el derecho fundamental reconocido” a UPyD.

En octubre de 2013, este diario también publicó que no había sido aceptada ninguna de las 3.000 preguntas que la diputada socialista María Teresa González Ausín sobre sanidad. Las preguntas, registradas desde el mes de agosto a razón de unas 80 por día, trataban sobre los 32 programas del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Ese ejercicio representó el 40% del presupuesto de la Comunidad (más de 7.000 millones de los 17.048 presupuestados).

El PP también tumbó con su mayoría en la Mesa, en mayo de 2012, la apertura de una comisión de investigación para analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con la situación de Caja Madrid en el momento de la creación, con otras Cajas de Ahorro, del grupo BFA-Bankia. La Mesa alegó la falta de competencia del Gobierno regional.