El juez del ‘caso Palau’ ordena el embargo de 15 sedes de Convergència

El juez del caso Palau ha ordenado el embargo de las 15 sedes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tal como reclamaba el fiscal anticorrupción. El partido nacionalista depositó esos locales como aval para hacer frente a su responsabilidad civil en el caso. El juez y el fiscal acusan a Convergència de cobrar 6,6 millones de euros en comisiones ilegales pagadas por Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled también había pedido que se aumentara hasta 6,6 millones de euros la garantía exigida al partido de Artur Mas. El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, José Julián García de Eulate, no se ha pronunciado sin embargo sobre esa petición.

Convergència había puesto como aval su sede central, en la calle de Còrsega de Barcelona, valorada en más de 12 millones de euros. Hace unas semanas, sin embargo, la puso a la venta y depositó en el juzgado una quincena de locales en diversas localidades de Cataluña que tienen un valor estimado muy inferior, de apenas 3,6 millones. Una cantidad que es insuficiente para afrontar, en caso de condena, los 6,6 millones supuestamente recibidos a cambio de adjudicación de obra pública (la línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia) durante el último gobierno de Jordi Pujol.

El cambio de la sede central por otras de menor valor llevó al fiscal a pedir el embargo de todas ellas para evitar que Convergència se desprenda de más patrimonio y no pueda hacer frente a su responsabilidad civil.