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La Generalitat advierte de que está en una “delicada” situación de tesorería

Homs habla de “problemas generalizados”, pero Economía matiza que están garantizadas nóminas, pagas extra, dependencia, farmacias y conciertos sociales

Reunión del gobierno catalán este martes.
Reunión del gobierno catalán este martes.

La Generalitat lanzó ayer una dramática advertencia de que no podrá pagar a buena parte de sus proveedores los próximos dos meses a causa de la “asfixia financiera” a la que dice estar sometido por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los impagos podrían alcanzar todos los departamentos y solo están garantizadas las nóminas, dijo el consejero de Presidencia, Francesc Homs, un extremo que posteriormente fue matizado por el Departamento de Economía. La llamada llega justo después de las elecciones del 24-M, en las que CiU ha perdido Barcelona, ayuntamiento que los últimos años ha sido acreedor habitual de la Generalitat.

No es ni mucho menos la primera vez que la Generalitat tiene problemas para pagar las facturas a final de mes. En realidad, es la tercera vez que ello ocurre en apenas medio año. Esta vez, sin embargo, el Gobierno catalán ha optado por anunciarlo a bombo y platillo y por darle el máximo dramatismo al no señalar ninguna salida a corto plazo para pagar las facturas. El encargado del anuncio fue el consejero de Presidencia, Francesc Homs. No ahorró expresiones altisonantes para describir la situación. Habló de “asfixia financiera” por parte del Gobierno central, aseguró que la situación es “extrema” y “tremendamente delicada”, y acusó de “cómplices del PP” a quienes critican los recortes de la Generalitat.

Homs no aclaró el alcance exacto de los impagos que se prevén. Tampoco aportó ninguna cifra. Solo dijo que estas demoras afectarán a todos los departamentos aunque por ahora no está en riesgo los sueldos de los funcionarios. Por la tarde, el Departamento de Economía matizó la alarma generada por Homs. Según la consejería que dirige Andreu Mas-Colell, están garantizadas las nóminas, las pagas extras, los pagos a farmacias, los conciertos sociales y las cantidades para dependencia. Quedan en el aire otros conceptos, como los conciertos sanitarios. Fuentes del departamento aseguraron que ello dependerá de cómo evolucione este mes la recaudación de los tributos propios.

Preguntado por las medidas políticas que tomará la Generalitat para afrontar esta situación Homs fue igualmente difuso. Solo anunció que Mas-Colell, está trabajando con el Ministerio de Hacienda y que la semana que viene reunirá a los grupos parlamentarios para informales de la situación. ¿Merece esta crisis una reunión al más alto nivel entre gobiernos? Según Homs esto no es necesario. “La respuesta de la Moncloa siempre es igual a cero, si no te presentan querellas”, dijo aludiendo a la consulta del 9 de noviembre.

Según el consejero portavoz el principal culpable de la situación de tesorería de la administración catalana es el Ejecutivo central, pero también cargó contra las fuerzas que se presentan en las “antípodas” del PP pero luego “señalan a la Generalitat como causante cuando en realidad es la víctima” de una “asfixia en toda regla” del Gobierno que es “sistematizada y consciente”.

Economía también dio una explicación a las “tensiones de tesorería” que sufre la Generalitat. El Ejecutivo catalán debe cubrir alrededor de 2.300 millones de euros correspondientes al déficit que arrastra de ejercicios anteriores. Lo hará con un préstamo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que ya ha pedido y que, según fuentes de la consejería, cuenta con luz verde del Tesoro para ser abonada. Sin embargo, este pago no está todavía marcado en el calendario. Mas-Colell ya advirtió el pasado mes de marzo que este año habría este tipo de problemas. La Generalitat recibirá 8.258 millones de euros del FLA, pero de estos 5.896 millones irán destinados a cubrir vencimientos y 221 millones van a cubrir la deuda de Cedinsa a la C-17, según la última presentación para inversores que ha elaborado la Generalitat.

Aun así, Homs aseguró existe una “pinza diabólica contra la Generalitat”. Lo dijo en alusión a la futura alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha manifestado que el Ayuntamiento de Barcelona no puede continuar sufragando gastos que competen a la Generalitat. En estos momentos el Gobierno catalán debe al consistorio barcelonés 44 millones de euros.

Una campaña de 1,3 millones

El anuncio de que la tesorería de la Generalitat vuelve a estar en serios problemas ha coincidido en el tiempo con el lanzamiento de una campaña institucional de esta administración que, bajo el título de Preparados, llama a los catalanes a estar listos “para hacer una Catalunya mejor”. La campaña tiene un coste de 1,3 millones, algo que ha enervado a la oposición.

“CiU ha empezado a utilizar el Gobierno para su campaña electoral del 27-S. Es indecente e inmoral que todos los catalanes se la tengamos que pagar”, denunció ayer el portavoz del PP, Enric Millo.

Maurici Lucena (PSC) comparó esta campaña con una de la ANC en 2014 con el lema “Estamos preparados para construir el nuevo país de todos”. Desde Ciutadans, Inés Arrimadas criticó que CiU admita problemas para pagar a proveedores mientras destina recursos a la campaña institucional.

El consejero de Presidencia, Francesc Homs, aseguró que la campaña no tiene ningún mensaje político y tildó de “populistas” a quienes denuncian el coste de la misma.

Las advertencias de Homs tenían un profundo trasfondo político. Una vez descartadas reuniones de alto nivel entre el Gobierno y la Generalitat para resolverlo, Homs llamó a “arreglar las cosas en Cataluña”. O sea, a cerrar filas con el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Lo dijo en un momento en que el Gobierno de CiU ve con preocupación como la política catalana vuelve a girar en torno al eje izquierda- derecha además del independentismo.

La preocupación la verbalizó Artur Mas durante una entrevista en Catalunya Ràdio. Aseguró que la “dispersión” del soberanismo ha permitido que Ada Colau sea alcaldesa de Barcelona. Fue un aviso en toda regla a Esquerra Republicana, que se niega a reabrir el debate de una eventual lista conjunta de las fuerzas soberanistas con vistas al 27-S.

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