Gipuzkoa pedirá que dos candidatos del PNV testifiquen por el ‘caso Bidegi’

La Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, ha anunciado este viernes que pedirá al juzgado que investiga el caso Bidegi que cite a declarar como testigos a los candidatos del PNV Markel Olano y Eneko Goia, entre otros, a quienes la institución foral acusa de ser "responsables políticos" en el presunto pago de cantidades millonarias por trabajos no realizados en la construcción de la AP-1 (Eibar-Vitoria).

La portavoz foral, Larraitz Ugarte, ha comparecido hoy para dar cuenta de un informe elaborado por la Diputación de Álava, en manos del PP, que corrobora las sospechas de Gipuzkoa sobre los posibles sobrecostes en la construcción del el túnel de Isuskitza, que une ambas provincias.

Gipuzkoa anunció un día antes de que comenzase la campaña electoral que iba a presentar una segunda querella que eleva a un total de 30,7 millones de euros el supuesto fraude del caso Bidegi. Este nueva denuncia, que se formalizará "la próxima semana" ante el Juzgado de Azpeitia, según Ugarte, se refiere a una malversación de 17,1 millones por abonar obras no ejecutadas. De esta suma, 10 millones corresponderían a trabajos no realizados en el tramo alavés.

Por este asunto, la Diputación solicitará la imputación del director técnico de Bidegi en 2011, Agustín Zugasti, y las de un responsable de la empresa Euroestudios, que ejerció la dirección de obra, y otro de la UTE Arlaban, que ejecutó los trabajos.

Ugarte ha recordado en 2009 Álava abonó a Gipuzkoa 36,3 millones por las obras del túnel que discurren por territorio alavés, una cantidad que dio por buena la comisión mixta formada por las dos diputaciones y que se disolvió en enero de 2011. Sin embargo, en la liquidación final de la obra, en junio de 2011, una semana antes de que los diputados de Bildu tomasen posesión de sus cargos en la Diputación guipuzcoana, el consejo de administración de Bidegi aprobó abonar a las constructoras un total de 46,4 millones, de los que 10 correspondían supuestamente al tramo alavés y que se pagaron a la UTE a pesar de que Álava ya había abonado su parte en 2009.

Ante estos hechos, Gipuzkoa solicitó a Álava que certificase las cantidades abonadas por las obras correspondientes a su territorio. En la respuesta recibida ayer mismo, la institución alavesa asegura que las mediciones y la valoración de la obra ejecutada en el tramo alavés del túnel "se corresponden con la liquidación practicada en abril de 2009 por el director de obra" y que "fue abonada a Bidegi por parte de Vías de Álava".

Además, recuerda que la comisión mixta "dio por completada la aportación" alavesa, y asegura que tiene constancia de las presuntas irregularidades por el escrito remitido el pasado 5 de mayo por la Diputación guipuzcoana.

La Diputación alavesa constata asimismo que "desde el 29 de abril de 2009 hasta el 17 de junio de 2011 no se ejecutó ninguna nueva obra civil en el tramo alavés del túnel de Arlaban, por lo que se desconocen los motivos que han supuesto las modificaciones y aumentos posteriores en las mediciones de la obra realmente ejecutadas en el tramo alavés" y que, al parecer, "se incluyeron en la liquidación final de la obra".

Ugarte ha afirmado que estos hechos constituyen "un escándalo político y un caso de corrupción", del que ha responsabilizado al PNV, por lo que ha exigido que den "explicaciones ya" a a Markel Olano, entonces presidente de Bidegi, y también a Eneko Goia, a Félix Urkola, exdirector de Gestión y Planificación del departamento de Infraestructuras Viarias, y a Luis Mari Apraiz, exdirector de Carreteras, todos ellos militantes del PNV.

La dirección del PNV de Gipuzkoa ha denunciado que la izquierda abertzale "ha estirado la denuncia falsa" sobre el denominado 'caso Bidegi "hasta el último día de campaña" y ha criticado que ésta necesita "difamar, acosar y destruir" a la formación jeltzale para "seguir aferrándose al poder".

En un comunicado, el partido que preside Joseba Egibar asegura que "Larratiz Ugarte ha despedido su campaña como la empezó: mintiendo". En este sentido, destaca que "el ejercicio del poder de estos últimos cuatro años ha dejado al descubierto la auténtica catadura moral y política" de la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias y de la izquierda abertzale.