Un informe policial compromete a los dos cabecillas del ‘caso Brugal’

Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, los dos empresarios más importantes del caso Brugal, ya sabían con un año de antelación la finca donde se tratarían las 250.000 toneladas de basura que genera la comarca alicantina de La Vega Baja y cuya contrata iba a reportar al primero cientos de millones de euros.

El último informe policial en manos de la juez que instruye la pieza del Plan Zonal de Residuos apunta a que Ortiz quiso compensar a Fenoll por quedarse con el Plan Zonal de residuos de la segunda comarca más poblada de Alicante. En ella, Fenoll está considerado el rey de la basura, pues ostenta muchas contratas municipales de residuos.

Ambos empresarios suscribieron en diciembre de 2007 un contrato de promesa de compraventa de un terreno de Ángel Fenoll: la finca La Pistola, aproximadamente unas 60 hectáreas. Un mes después, la Diputación de Alicante adjudicaba la gestión del plan de basuras a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Enrique Ortiz y Cespa. El contrato debía reportar a la UTE cerca de 248 millones durante 20 años.

En diciembre de 2008, un año después de la promesa contractual de compra. El Consorcio de Residuos de La Vega Baja aprobaba el cambio de terrenos establecido en el pliego del contrato. Se ubicaría en La Pistola. Estas negociaciones habrían sido, supuestamente, auspiciadas por el entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, con la intermediación de otro empresario, Rafael Gregory.

En la documentación enviada por la policía a la juez Rosa María Villegas consta un contrato sin firmar, de 2009, en el que la finca tenía un precio de venta de 9,7 millones de euros. El informe está elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal central y el Grupo de Blanqueo de Capitales de la comisaría provincial de Alicante. Son 76 páginas. La mayor parte de ellos son contratos y pliegos técnicos relativos a la contrata adjudicada a Ortiz.

La del plan zonal es una de las más de 20 piezas judiciales en las que fue dividido el Caso Brugal, una trama de intereses políticos y empresariales entorno a las basuras en La Vega Baja y los intereses urbanísticos, por ejemplo, de la ciudad de Alicante.

El informe policial corresponde a los registros policiales efectuados en julio de 2010 en la sede de la mercantil Cívica, de Enrique Ortiz. El documento es casi el punto final de una instrucción por la que la juez mantiene imputadas a 22 personas, entre ellas el expresidente Ripoll o la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente.

Entre los delitos por los que se investiga a los imputados constan los de fraude, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios públicos.