Ciudadanos en el inframundo

Los candidatos de Ciudadanos al Ayuntamiento y a la Comunidad, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, abandonaron ayer el centro de la ciudad y se desplazaron a 15 kilómetros de la Puerta del Sol. Hasta donde el panorama cambia y los edificios dan paso a las chabolas, la pobreza y la marginación. Los aspirantes se toparon con personas que sufren desahucios y derribos de sus casas e infraviviendas y con el mayor supermercado de venta de droga de España.

El día comenzó con una reunión con los representantes de las asociaciones de vecinos de la Cañada Real. Se quejaron de que no tienen agua corriente ni electricidad y no pagan IBI, pese a que estarían encantados de hacerlo. “Coger un autobús o llegar hasta un hospital es una auténtica odisea, porque hay que pasar por un camino de baches”, explicó una responsable vecinal. “Muchos niños no van al colegio porque sus padres no pueden ni lavar el uniforme”, añadió otro. En los últimos años ha habido un intento de las tres Administraciones por regularizar la Cañada, pero hasta el momento no ha pasado del papel. “Me veo con otro invierno viviendo entre el barro”, añadía otra vecina.

Los candidatos acudieron a mediodía al Sector VI, el más problemático por la venta de droga. Allí vieron cómo algunos toxicómanos la compraban o eran atendidos por los servicios sociales. Las caras de los candidatos cambiaron. Se les borró la sonrisa.

Entraron en algunas casas donde viven las familias viven hacinadas. “Mi marido me maltrató y está en la cárcel”, les contó una mujer que no podía contener el llanto. “Me pegó un tiro en una pierna. Ahora me quieren echar y no tengo dónde meterme”.

Los residentes les enseñaron diversas sentencias que amenazan con el derribo de sus viviendas. “Vivimos una auténtica inseguridad porque cualquier día te notifican una orden de desahucio y no podemos hacer nada. O a la mínima te okupan la vivienda”, protestaban varios vecinos.

Los candidatos prometieron tomar medidas urgentes. La principal es crear una mesa interdisciplinar, dependiente de la Consejería de Presidencia, que solucione en un plazo de cuatro años los problemas de urbanismo, seguridad y transporte, junto con la atención por parte de los servicios sociales de toda la población de la zona.