La fiscalía verá si Barberá prevaricó con las licencias en El Cabanyal

La Fiscalía Provincial de Valencia investigará la denuncia de EU contra el gobierno de Rita Barberá por un supuesto delito de prevaricación al haber denegado licencias de obras, mientras por otro lado se autorizaba en el mismo ámbito un proyecto del Gobierno local. El Consistorio suspendió la concesión de permisos después de que una orden del Ministerio de Cultura paralizase por expolio el proyecto urbanístico oficial. 

"Estamos satisfechos porque esto supone un paso más en esta denuncia de lo que ha supuesto tener el plan del Cabanyal paralizado durante cinco años, de no haber permitido que los vecinos y vecinas pudieran poner en marcha actividades económicas, así como la rehabilitación de sus viviendas”, ha asegurado el Sanchis.

Sanchis ha recordado que ya hace cinco años que había un informe de la Abogacía del Estado en el que se defendía que la concesión de licencias se podía hacer y que la Orden del Ministerio de Cultura en ningún momento frenaba esta posibilidad.

El también candidato de EUPV a la alcaldía de Valencia ha insistido en que la denuncia de la formación de izquierdas va contra la moción que aprobó la Junta de Gobierno Local el viernes pasado y mediante la cual se decidía otorgar licencias en el barrio del Cabanyal “porque consideramos que se ha cometido un delito de prevaricación grave”.

“El único interés y la única argumentación que tiene la señora Barberá y el PP de aprobar esta moción es estrictamente electoral y no aporta ninguna razón jurídica nueva que no fuera ya expuesta previamente. Se trata de ponerse una medalla pero que, al mismo tiempo, es una prevaricación porque lo que evidencia es que todos estos años en los que se han negado a conceder licencias, lo hacían únicamente por el capricho de la alcaldesa de Valencia”, ha defendido el concejal.

Este grupo sostiene que no existe ninguna nueva circunstancia, fáctica ni jurídica, que no se diera ya desde el mismo momento de la publicación de la orden ministerial. "Que no nos intente vender el PP como novedad que ahora tiene el consentimiento del Ministerio ya que éste no le ha dicho en los últimos días nada que no le hubiera dicho ya mediante el informe jurídico de 2010 de la Abogacía del Estado".

Sanchis añade que al Ejecutivo de Barberá se ha movido, con este cambio de parecer, por intereses de partidos, no del interés general.

Según esta formación, hay hechos que acreditan la arbitrariedad con la que el equipo de gobierno del PP ha negado licencias de rehabilitación durante más de 5 años como, por ejemplo, que no se ha seguido el procedimiento establecido para acordar la suspensión de licencias, que no se ha publicado en el periódico oficial establecido legalmente la suspensión ya que se ha mantenido por un periodo superior a 5 años cuando el plazo máximo es de 2.

Además en las mismas fechas que se negaba licencia de obras, en el mes de agosto de 2012, el Ayuntamiento ejecutó un vial que no se contempla en el PGOU de Valencia sino en el plan urbanístico anulado.