Fiscalía pide cuatro años de cárcel por la protesta en la investidura de Camps

La fiscalía ha pedido este miércoles hasta cuatro años y tres meses de cárcel para cinco acusados de agredir a policías durante las protestas convocadas por el 15-M que tuvieron lugar durante la investidura de Francisco Camps como presidente de la Generalitat valenciana en junio de 2011.

El ministerio público inicialmente solo acusaba de faltas a cuatro de los imputados, pero ha cambiado de criterio en el segundo y último día de vista pública, elevando la petición a un delito de atentado contra la autoridad contra todos, según ha explicado un abogado de la defensa. El asunto ha quedado visto para sentencia en el juzgado de lo Penal número 6 de Valencia.

Además de la fiscalía, en el procedimiento figuran dos acusaciones particulares que representan a agentes de policía que denunciaron haber sufrido lesiones como consecuencia de patadas, puñetazos y lanzamientos de objetos que habrían sufrido durante la protesta que tuvo lugar en las inmediaciones del Palau de Benicarló, sede de las Cortes Valencianas, mientras Camps se convertía en presidente autonómico por tercera vez el 16 de junio de 2011.

Los acusados han aportado como prueba de la defensa vídeos que muestran cargas policiales de aquel día

Los acusados, que tienen menos de 30 años, han negado los hechos y, según ha indicado el letrado de dos de ellos, Víctor Sánchez, han argumentado que fueron ellos los golpeados en las cargas policiales que tuvieron lugar aquella mañana. Para ello han aportado como prueba vídeos grabados en el lugar de los hechos que, en su opinión, respaldan su tesis. El abogado defensor ha atribuido la elevación de las penas -inicialmente se acusaba a cuatro de los jóvenes de faltas de lesiones y contra el orden público- al cambio de representante de la fiscalía durante el juicio.

Mientras tenía lugar la investidura en el Parlamento autonómico en la calle se vivieron escenas de gran tensión y muchos parlamentarios fueron increpados por personas que participaban en la protesta convocada por el movimiento 15-M.

Camps fue reelegido hallándose imputado en el llamado caso de los trajes, una ramificación del caso Gürtel y la protesta en la que supuestamente se cometieron los delitos estuvo centrada en la críticas contra la corrupción. El dirigente popular dimitió al cabo de un mes, después de que el juez José Flors le abriera juicio oral. En enero de 2012, Camps fue absuelto por un jurado del delito de cohecho pasivo impropio que le atribuía en el juicio la fiscalía.