Los valencianos deciden el 24-M el futuro del ‘modelo Alzira’ en sanidad

Las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana decidirán el próximo día 24 si mantienen o liquidan la hegemonía del PP de los últimos 20 años, pero también resolverán otras cuestiones importantes como el modelo sanitario que quieren los valencianos. Conservadores y progresistas, partidos clásicos, nuevos y novísimos ofrecen distintos modelos a los electores que tendrán que decidir si quieren recuperar el prestigio de lo público o avanzar en la privatización de la sanidad y la educación.

El Partido Popular defiende la vigencia de su modelo sanitario de "colaboración público-privada" que puso en marcha nada más llegar al poder en 1995. El denominado modelo Alzira, consistió en autorizar que una empresa privada construyese un hospital y lo gestionase a cambio de cobrar un dinero de la Administración todos los años. El modelo Alzira, que se puso en marcha en 1999, se amplió posteriormente a Torrevieja, Dénia, Elche y Manises haciendo convivir áreas de salud gestionadas por aseguradoras privadas junto a otras de gestión pública.

El hospital de Alzira estuvo en pérdidas durante los primeros cuatro años hasta que la Generalitat, ya bajo la presidencia de Francisco Camps, rescató la concesión en 2003 para volver a sacarla a concurso previamente modificada. Se le añadió a la concesión la gestión integral de toda el área de salud (los centros de salud), se aumentó el pago por habitante y se autorizó al concesionario a obtener ingresos extra con la atención de pacientes procedentes de otras áreas de gestión pública (maternidad, por ejemplo).

Entre 2003 y 2011 la empresa que gestiona el hospital declaró una ganancia de 28 millones de euros y aún hoy se pone como ejemplo de las ventajas de la gestión privada de la sanidad pública. Otras áreas no ha corrido la misma suerte y Dénia o Manises han tenido que tomar medidas de choque para intentar dejar atrás los números rojos sin provocar las quejas de los pacientes que atienden.

El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, defiende este modelo mixto que incluye áreas de salud supuestamente más flexibles, con otras que no lo son. Llombart afirma que el grado de satisfacción de los pacientes es el mismo en las áreas de gestión privada que en las de gestión pública y que unas dinamizan a las otras.En apoyo de este modelo han salido los empresarios valencianos que el pasado mes de abril presentaron un documento en defensa de las concesiones administrativas, después de que las propias concesionarias actuasen como grupo de presión para intentar reforzar las garantías de que podrán mantener la actividad a medio y largo plazo.

El PP apuesta ahora por el actual modelo mixto y solo mantiene en su programa electoral la promesa de las elecciones pasadas de construir un hospital público en Ontinyent y ha añadido la sustitución del viejo Arnau de Vilanova en Valencia por otro nuevo, así como adecuar el resto de instalaciones existentes. Nada se dice de volver a intentar privatizar toda la gestión de la sanidad pública, después del intento fallido de 2012. Entonces, el Gobierno que preside Alberto Fabra intentó obtener ingresos y abaratar los costes de la sanidad pública mediante un ambicioso plan de privatizaciones, pero tuvo que descartar la idea al descubrir que los posibles operadores consideraban inviable la operación sin asumir la gestión del personal.

Recuperar las concesiones

Para el PSPV de Ximo Puig es necesario que las áreas de gestión privada regresen a la tutela de la Administración valenciana. El socialista Ignacio Subías explica no piensan renovar las concesiones existentes y que las recuperarán a medida que caduquen. La primera que vence es la que cambió el modelo, la de Alzira, que acaba en 2018. En su programa, los socialistas advierten que los departamentos de gestión privada "tendrán el mismo control que la red asistencia pública y que su actividad y planificación estarán reguladas por la Consejería de Sanidad" porque sospechan que el PP ha beneficiado durante años a las concesionarias con un control laxo de las condiciones establecidas.

 En cualquier caso, si las encuestas electorales no fallan, ni populares ni socialistas podrán gobernar sin el auxilio parlamentario de otros partidos.El PP de Alberto Fabra confía en llegar a acuerdos con Ciudadanos. La formación de Carolina Punset ha optado por no mojarse hasta tener información de primera mano. En su programa electoral se indica que se realizará una auditoría externa a todos los departamentos de salud que tendrá en cuenta "los principios de igualdad, competitividad, servicios, gestión y atención al paciente. En el caso de las áreas de gestión privada la auditoría también será económica. Aunque no en todas partes Ciudadanos opina igual, ya que en la Comunidad de Madrid los dirigentes del partido de Albert Rivera se oponen frontalmente a la implantación del modelo Alzira.

Compromís es mucho más claro en sus propuestas. La formación de Mònica Oltra promete auditar las concesiones sanitarias y estudiar las vías adecuadas para que, sin que haya un coste añadido para la Generalitat, haya "una reversión completa". Compromís propone, además, una gestión integrada de los recursos de las actuales consejerías de Bienestar Social y Sanidad para adaptar el sistema al reto del envejecimiento de la población. En esta propuesta está implícito que no se renovarán las concesiones cuando caduquen, tal y como defiende también el PSPV de Ximo Puig.

Resonancias y lavandería

El candidato de Esquerra Unida va más allá. Además de la reversión de las áreas sanitarias de gestión privada, el partido de Ignacio Blanco propone adecuar la gestión pública para que pueda asumir servicios privatizados como la hemodiálisis y las resonancias o la logística y la lavandería. Sostiene EUPV que la privatización de estos servicios solo busca detraer recursos de la Administración a terceros sin que ello implique necesariamente una mejora de la prestación.

Por último, Podemos, que puede ser determinante en la formación un gobierno progresista tras el 24-M, asegura que la política realizada por los populares valencianos ha transformado el derecho a la sanidad "en un negocio para unas pocas empresas clientelares". Por ello, igual que el resto de formaciones de izquierda propone "recuperar gradualmente los servicios privatizados revisando los contratos, conciertos y concesiones administrativas". Además coincide con Esquerra Unida en la necesidad de rescatar para la gestión pública "servicios externalizados como la lavandería central, el mantenimiento o las donaciones de sangre".

Las propuestas dejan claro que, aunque el modelo Alzira perviva tras el 24-M, las condiciones para los gestores privados se endurecerán con un mayor control destinado a mejorar la eficiencia y reducir el beneficio de los operadores.