El Gobierno recurre al Constitucional ante el “ninguneo” de Rajoy
Se trata del cuarto recurso del Ejecutivo vasco para intentar frenar lo que denominan "recentralización" del Gobierno central
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Y van cuatro. El Gobierno vasco ha aprobado la interposición de un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra "la recentralización del Gobierno central, que esta vez ha legislado en materia de políticas activas una serie de bonificaciones a la contratación cuando el Gabinete de Urkullu entiende que forma parte de sus competencias en la materia. Se trata del cuarto recurso de inconstitucionalidad que ha aprobado el Gabinete de Iñigo Urkullu por razones similares, es decir legislar sin tener en cuenta el Estatuto de Autonomía.
El recurso anunciado, pendiente de una reunión de las dos administraciones para intentar llegar a un acuerdo, se centra en varios artículos del Real Decreto-ley que regula los mecanismos de la segunda oportunidad, la reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. El Ejecutivo autonómico recurrirá varios apartados que contemplan bonificaciones de cuotas sociales para la contratación de personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como incentivos para la conciliación de la vida familiar de la o el trabajador autónomo.
De nuevo el Gobierno español se ha extralimitado"
"De nuevo, el Gobierno español se ha extralimitado" a la hora de legislar, hadicho Erkoreka, que acusa al equipo de Rajoy de "invadir ilegítimamente" las competencias vascas en materia de Políticas Activas de Empleo, transferidas a Euskadi en 2010. Además, censura que la Administración central "no ha respetado el sistema económico acordado en la transferencia de políticas activas a la Comunidad Autónoma del País Vasco". Para la administración vasca, las bonificaciones de las cuotas empresariales de la Seguridad Social incluidas en este Real Decreto-ley "no afectan al patrimonio de la Seguridad Social ni a su 'Caja Unica'", sino que en realidad son incentivos para la creación de empleo estable y acciones de fomento de la conciliación para garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, "y estas cuestiones están encuadradas plenamente en las Políticas Activas de Empleo".
El gabinete de Iñigo Urkullu denuncia que el Ejecutivo central "pretenda hacer creer" que estos incentivos son régimen económico de la Seguridad Social. "Atribuye su financiación, control y revisión al Servicio Público de Empleo Estatal, cuando el Gobierno español conoce perfectamente que esas materias son, en realidad, Políticas Activas de Empleo', y por tanto están transferidas y competen a la Comunidad Autónoma de Euskadi".
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