Salud saca a información pública los estatutos del consorcio del Clínic

Las bases blindan la actividad privada que el centro ofrece en Barnaclínic

El consorcio público en el que se convertirá el hospital Clínic de Barcelona —sin figura jurídica desde que en 2008 el Estado traspasara su titularidad a la Generalitat— empieza a coger forma. El amparo que solicitaron hace unos días los médicos del hospital Clínic a la presidenta del Parlament, Nuria de Gispert, para agilizar el proceso ha surtido efecto y ayer el Departamento de Salud sacó a información pública los estatutos del nuevo ente, que estará participado por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y la Universidad de Barcelona (UB). Las bases admiten, no obstante, que el número de miembros del consorcio pueda ser ampliado con otras “entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro”.

Los estatutos finales modifican el documento inicial que manejaba el hospital, donde también los profesionales, agrupados en la Asociación del Coneixement Clínic, participaban de la titularidad del centro. Ante las sospechas de privatización que sobrevolaban a la asociación profesional —creada ad hoc a instancias de Salud para entrar en el consorcio—, los médicos renunciaron a participar en la titularidad del hospital. El llamado conocimiento clínico tendrá tres sillas en el Consejo de Gobierno, pero no poder de decisión.

El consorcio se regirá por los principios de “rentabilidad, economía, productividad y con aplicación de técnicas de gestión empresarial”. Las bases abren la puerta, además, a externalizar servicios a través de convenios de colaboración, alianzas estratégicas u otras formas de gestión admitidas en derecho. “Para desarrollar sus actividades, el Clínic puede formalizar convenios de colaboración con otras instituciones [...] o crear o participar en entidades instrumentales o servirse de aquellas en las que ya sea titular o tenga participación” —como es el caso de Barnaclínic, el brazo privado del Clínic, con el que comparte instalaciones y personal—.

Con la apertura del período de información pública que ayer anunció Salud en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), el Departamento de un plazo de 15 días hábiles para que los ciudadanos presenten alegaciones a favor o en contra de la constitución del consorcio y de los estatutos que lo rigen.

El hospital podrá ceder la gestión de actividad a centros públicos o privados

La publicación de Salud viene acompañada también por una memoria justificativa y un informe del impacto económico que supondrá la nueva forma jurídica. Según el documento, el nuevo ente podrá solucionar la “deuda histórica por parte del Ayuntamiento de Barcelona” a través de un convenio de colaboración con la Generalitat para enjugar la deuda: Salud aportará al centro hasta 122 millones de euros en 10 años. El informe recoge además que la constitución del consorcio permitirá “regular la situación del edificio y de los terrenos de la sede principal del hospital”, propiedad de la UB.

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Este paso adelante en el proceso administrativo de creación del nuevo ente coincide con un periodo conflictivo en la sanidad catalana y, en concreto, con la figura jurídica de los consorcios sanitarios en tela de juicio. Justo después de que Salud frenase el controvertido consorcio sanitario de Lleida, que contó con el rechazo de la oposición y de más de 40.000 leridanos, la Sindicatura de Cuentas presentó un informe en el que reveló que los consorcios sanitarios incurren en “irregularidades recurrentes”, como las adjudicaciones a dedo o los pagos injustificados a altos cargos.

Sobre la firma

Jessica Mouzo

Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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