“En la gestión del PP hay responsabilidades penales”
La candidata de Guanyem Catarroja y diputada provincial de Esquerra Unida explica que la comisión de investigación de la Diputación es solo una pantalla de cara a la galería
Rosa Pérez Garijo presentó ante la Fiscalía, en nombre de Esquerra Unida, el pasado 30 de julio la denuncia sobre una supuesta trama de corrupción en la Diputación de Valencia. El escándalo provocado por el impacto de la denuncia —que está acompañada de varias horas de grabaciones realizadas por Marcos Benavent, exgerente de Imelsa, empresa de la Diputación— ha obligado ya al PP a suspender de militancia al presidente provincial Alfonso Rus, al exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla y a la asesora del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón.
Candidata de Guanyem Catarroja y diputada provincial de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, ha forzado también al PP a crear una comisión de investigación en la Diputación que se ciñe a la gestión realizada en Imelsa, fundamentalmente durante los años de Marcos Benavent como gerente. La edil ha colaborado en las propuestas de EUPV contra la corrupción.
Pregunta. ¿Hasta dónde prosperará su denuncia?
Respuesta. A la vista de las pruebas que van saliendo queda demostrado que el Partido Popular está lleno de corrupción y esperamos que la ciudadanía se de cuenta y se acabe la era PP que ha sido nefasta para el conjunto del Estado español y para el País Valenciano.
P. ¿Es posible que en la comisión de investigación de la Diputación aparezcan nuevas irregularidades?
R. No tenemos mucha confianza. Es un movimiento de cara a la galería para trasladar que el gobierno de la Diputación sí está por investigar los hechos. Lo más interesante de esa comisión es que nos han dado una documentación que habíamos solicitado hace más de un año y que por fin podremos entregar a la Fiscalía. Lo que está claro es que en la gestión de Imelsa hay responsabilidades penales y que los responsables han de salir de las instituciones y acabar en prisión.
P. Entonces no estamos solo ante un caso Imelsa.
R. No, pero la comisión de investigación se ha reducido a Imelsa. Hemos pedido dos veces al PP que se amplíe la investigación a toda la Diputación de Valencia y ha dicho que no.
P. ¿Podemos hablar de un caso Rus o hay más?
R. No es un tema Imelsa, no es un tema Diputación, es una cuestión de corrupción en distintas instancias gobernadas por el PP.
P. Alfonso Rus ha presumido todos estos años de la buena gestión realizada en la Diputación. ¿Este escándalo distorsiona esa imagen?
R. Rus no es un buen gestor, lo que es evidente es que la Diputación es una institución solvente, con un presupuesto de casi 500 millones de euros, que se financia con transferencias del Estado y de la recaudación de los impuestos municipales. La Diputación ha podido dar mucho dinero a los ayuntamientos y por eso están contentos, pero el dinero no se ha destinado a lo necesita la ciudadanía, sino a aquello en lo que se podía hacer negocio. Entendemos que los pueblos no necesitan césped artificial, ni lámparas led, sino políticas sociales que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
P. ¿La Diputación tiene un problema de transparencia?
R. El problema es que la Diputación no ha interesado a la opinión pública porque a nivel local están los ayuntamientos y, por otra parte, las Cortes Valencianas están al lado, que es donde se supone que se hace la política. La Diputación se ha concebido como un ayuntamiento de ayuntamientos y el foco no lo ha tenido encima. Nosotros hemos conseguido esta legislatura aprobar una moción por la transparencia para que se sepan muchas cosas, pero tiene mucho dinero que se reparte de una manera discrecional. El presidente Alfonso Rus tiene una partida de más de tres millones de euros que reparte como quiere. Eso ya no es transparente en sí porque él decide si paga un concierto aquí o un convenio allá. Y todo eso lleva al clientelismo, porque en función de la voluntad del cacique se da el dinero.
P. ¿Hablamos entonces de una institución opaca u obsoleta?
R. Es una institución caduca y obsoleta, y eso lo hemos dicho desde el primer día. Nosotros estamos por una ley de comarcalización que permita a los ayuntamientos y a las mancomunidades decidir el destino del dinero en función de sus necesidades.
P. No parece que haya existido interés por aplicar la ley de Coordinación de las Diputaciones que aprobaron las Cortes Valencianas en su primera legislatura.
R. Las diputaciones son reinos de taifas, cada uno se gobierna a la suya y hace las cosas como le parece.
P. ¿Cuántos ayuntamientos están contaminados por la trama de cobro ilegal de comisiones?
R. Varios ayuntamientos valencianos, no lo sabría decir con exactitud.
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