PSC, ICV-EUiA, C's y CUP llevan la ley SOC al Consejo de Garantías

PSC, ICV-EUiA, C's y CUP de forma conjunta por un lado, y el PPC, por otro, han solicitado sendos dictámenes al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre la ley del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), con lo que se ha aplazado la votación final del texto, prevista inicialmente para este jueves.

La líder de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, ha acusado este miércoles al Ejecutivo de Artur Mas de utilizar la reforma del SOC para crear estructuras de Estado. En concreto, "un sistema de pensiones propio en Cataluña cuando ya hay uno en toda España", según ha afirmado en una reunión con jóvenes emprendedores en Barcelona, a la que también ha asistido la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Esta última ha destacado que es la "solidaridad" de los trabajadores la que hace posible el pago puntual de todas las pensiones en todo el territorio nacional: "La garantía del presente y del futuro de las pensiones es la caja única de la Seguridad Social. Las otras ideas son aventuras que no sabemos adónde van a conducir".

En el recurso presentado por el PPC, se razona que la ley invade competencias ejercidas de forma "exclusiva" por el Estado, en concreto las relativas a los subsidios y prestaciones por desempleo. Los populares también solicitan dictamen sobre las enmiendas relativas a los marcos de ordenación de políticas públicas activas y pasivas y las que abogan por que la Generalitat adopte la "gestión integral de las políticas de empleo, incluyendo aquellas competencias ejercidas por el Estado". El PPC argumenta que la inconstitucionalidad del contenido de las enmiendas se deriva de "la referencia continuada a las políticas pasivas de empleo", cuya competencia es "exclusiva del Estado a través del sistema general de la Seguridad Social", como también lo son, añaden los populares, las prestaciones y subsidios. 

Por su parte, el texto presentado por PSC, C's, ICV-EUiA y CUP también plantea posibles conflictos de competencia con el Estado, tanto en las políticas de empleo como en la asignación de fondos europeos. En este punto, indican que falta concreción sobre si el concepto "asignaciones anuales de presupuestos europeos" que aparece en el texto hace referencia a las subvenciones territoriales de la UE, que sería competencia de la Generalitat, o a otras operaciones financieras del bloque comunitario que gestiona el Gobierno central, y en este último supuesto habría una posible vulneración de la Constitución.

"Es puramente una medida dilatoria y una estrategia electoral", ha lamentado en declaraciones a los periodistas la diputada de CiU Meritxell Borràs. La parlamentaria ha señalado que esta ley es necesaria porque "actualiza" el SOC con el fin de que dé respuesta "a las necesidades de hoy en día" y ha defendido que contemple competencias del Estado, porque de esta manera se podrán disponer de ellas si un día Cataluña avanza en su

autogobierno.

Por su parte, el dirigente republicano Oriol Amorós ha dicho que no le sorprende el "obstruccionismo habitual" del PPC pero sí el otro recurso de PSC, ICV-EUiA, C's y CUP. Amorós ha admitido estar "decepcionado" porque el PSC firme un texto que "parece escrito por el PP" y pone de manifiesto su "deriva centralista", al tiempo que ha criticado que se cuestione las relaciones de la Generalitat con Bruselas en materia de empleo después de años de vigencia.