El fiscal pide embargar 15 locales de Convergència por el ‘caso Palau’

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Palau que embargue los 15 inmuebles que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha depositado como aval para hacer frente a su responsabilidad civil en el caso, según han explicado fuentes de la investigación a EL PAÍS. En un breve escrito, el fiscal Emilio Sánchez Ulled también pide que se incremente la garantía exigida al partido nacionalista de 3,2 a 6,6 millones. Esta última cifra corresponde a las comisiones ilegales que, presuntamente, recibió CDC a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último gobierno de Jordi Pujol.

Las sedes aportadas por CDC apenas cubren la mitad de la cantidad que percibió el partido

En 2012, en plena investigación del expolio del Palau de la Música perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, el juez fijó la responsabilidad civil de Convergència en 3,2 millones y le pidió una garantía. El partido nacionalista puso como aval su sede central, situada en la céntrica calle de Còrsega de Barcelona. El edificio, de 5.000 metros cuadrados, estaba valorado en 12,3 millones de euros. Hace dos semanas, los nacionalistas anunciaron que habían vendido el inmueble al Grupo Platinum, de Hong Kong, para trasladarse a una nueva sede más “funcional y económica” que también estará ubicada en el Eixample de Barcelona. CDC ha podido vender el inmueble -en el que por ahora sigue de alquiler- porque nunca llegó a ser embargado por el juez.

Hace unos días, el partido comunicó la venta al titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, José Julián García Eulate, y le presentó una lista con una quince locales de distintas localidades. Según el informe entregado por CDC, esos inmuebles tienen un valor estimado de 3,6 millones, que supera a la responsabilidad civil exigida hace tres años.

Los nuevos indicios hallados en la investigación permitieron descubrir que, en realidad, la cantidad que acabó en las arcas de Convergència fue de 6,6 millones. En todo este tiempo, sin embargo, no se ha requerido al partido para que aumente la garantía inicial. Eso es, precisamente, lo que ahora pide el fiscal anticorrupción tras constatar que, a diferencia de la sede central, los nuevos inmuebles apenas cubren la cantidad con la que supuestamente se benefició el partido de Artur Mas. El fiscal argumenta que es necesario embargar las sedes para evitar que el partido pueda venderse otras sedes a su antojo.

CDC cobró comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública con Jordi Pujol

El coordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez, expresó su perplejidad por la petición del fiscal, que ve "sin sentido" porque pudo haberse adoptado hace tres años. "Ahora pide el embargo porque hemos repetido que nuestra sede no estaba embargada. Seguramente en esta decisión tienen que ver cuestiones electorales", ha lamentado Sánchez, quien recuerda que el partido ha cubierto "con creces" los 3,2 millones que se le han exigido de responsabilidad civil con las nuevas sedes. "La petición no tiene sentido y es extemporánea en relación con el procedimiento", ha afirmado Sánchez, quien ha anunciado además que el partido se opondrá a la petición.

Las fincas aportadas al juzgado son sedes y locales del partido en Amposta, Castelldefels, Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró (2), Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa, Sant Feliu y el barrio de Gràcia de Barcelona.

Según las conclusiones provisionales del juez y el fiscal del caso Palau, la constructora Ferrovial logró suculentas adjudicaciones públicas (la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro) durante el último mandato de Pujol (1999-2003) a cambio del pago de comisiones ilegales. Las presuntas mordidas pagadas por dos directivos de Ferrovial (también imputados) suponían el 4% del importe de la adjudicación: el 2,5% iba supuestamente a las arcas del partido nacionalista y el resto, a los bolsillos de Millet y Montull por hacer de intermediarios. La constructora camufló los pagos al partido -que se prolongaron hasta 2009, con CiU ya en la oposición en la Generalitat- como “donaciones” al Palau.

La empresa hizo llegar al partido los pagos por distintos medios. Más de la mitad del dinero ilícito se entregó a través de los extesoreros Carles Torrent (ya fallecido) y Daniel Osácar, que afronta una petición de siete años y medio de cárcel y el pago de una multa de 20 millones. Las otras vías de entrada del dinero fueron las facturas falsas de cuatro empresas al Palau de la Música por trabajos ficticios (1,2 millones) y los supuestos convenios de colaboración con la fundación Trias Fargas (630.000 euros). La fundación, ligada a CDC, fue rebautizada como CatDem después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran en el Palau hace ya casi seis años, en julio de 2009.