Los sindicatos matizan la medida de Podemos sobre los altos cargos

“Los directores generales no tienen que ser de libre designación. Podemos prescindir de los delegados provinciales y de los directores generales designados por los partidos. La Administración puede perfectamente funcionar con consejeros y viceconsejeros. Esta medida supondría un ahorro de más 14,5 millones de euros, según los Presupuestos”, defiende la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, entre sus propuestas para el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. En su programa político se lee: “limitar drásticamente el número de altos cargos políticos de las consejerías, poniendo al frente de los equipos al personal funcionario”.

Para el sindicato de funcionarios CSIF sobran al menos la mitad de los directores generales en la Junta de Andalucía, aunque considera que la propuesta de Podemos denota “cierto desconocimiento de la función pública”. “La cuestión está en conseguir que todos los cargos hasta los directores generales se ocupen por concursos de méritos, no por libre designación. Lo que está pasando es que se abusa de la libre designación y esto provoca que la Administración pública esté absolutamente politizada y que el funcionariado andaluz no encuentre motivación para ascender en su carrera”, acuña Francisco Iglesias, secretario de acción sindical del sindicato de funcionarios CSIF.

Los directores generales son puestos creados por la Administración para cubrir áreas de trabajo que va considerando que requieren esta dirección. Los cargos están ostentados en su mayoría por funcionarios, en menor medida también hay empleados públicos, y todos son nombramientos aprobados por el Consejo de Gobierno. Cada director general cobra 51.359 euros brutos al año, y según apunta Hacienda, que no recoge los datos del total de directores generales en la Administración, son los que menos ganan de España. El CSIF señala que entre directores generales y secretarios generales, que son puestos similares, la Junta rondaría los 122.

Con respecto a suprimir a los directores generales, Juan José Mateo, coordinador del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), prefiere no generalizar. “Son necesarios porque son los máximos responsables de sus áreas, y no somos quienes para decidir quién gobierna en la Administración. Igual hay alguna en la que sobran y en otra pueden estar ajustados”. Pero sí establece igualmente que esos puestos deberían de ser otorgados por concursos de méritos y que ninguno sea elegido por libre designación. Aunque la Junta detalla que los puestos de ese rango en España no obtienen la plaza por concurso de méritos.

En su sindicato y en el CSIF defienden que el concurso de méritos es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y que excepcionalmente y siempre justificado se recurrirá al sistema de libre designación. "Hay sentencias que dictan que esto tiene que ser así”, recuerda Mateo. UGT se limita a decir que se posiciona a favor del cumplimiento de la legalidad y Comisiones Obreras considera que la estructura de gobierno de la política tiene que estar sometida a las urnas. "Sería devaluar el voto de los ciudadanos y su poder si la estructura política se limita a consejeros y viceconsejeros. Los directores generales tiene que responder a los partidos que gobiernan", declara el secretario general de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero. "De todas formas este no es el problema de Andalucía, el verdadero problema de Andalucía está en su economía, la industria, la agricultura... cuestiones de las que no se están hablando", añade.

Durante el debate de investidura del pasado martes, Rodríguez incidió en sus medidas. “Hay patrimonialización de la Administración pública por los partidos y hay que desarrollar mecanismos de vacunación previa”, dijo. “Nos parece una magnífica idea que haya organizaciones políticas que planteen nuestra lucha. Las medidas beneficiarían tanto al ciudadano como a la Administración porque un funcionario no estaría a las órdenes del capricho político, es independiente, se conoce la legislación y ofrece garantía jurídica”, detalla Mateo, que plantea que la reducción de cargos debería establecerse fundamentalmente entre los asesores y coordinadores de la Administración. "Algunos son figuras decorativas", alega.

Francisco Iglesias, del CSIF, plantea además una cuestión añadida al cese de los altos cargos. “Si se eliminan los puestos de funcionarios de libre designación en toda la Administración, que serían entre 400 y 500, se generaría el segundo problema”, plantea Iglesias al hacer referencia a decreto por el que se establece que los funcionarios cesados en un puesto de libre designación serán adscritos a puestos no inferiores en más de dos niveles al de su grado personal. “Esto generará el doble de altos cargos. Si los quitas y pones a otro, al final pagas doble. Estamos sumidos en una red de clientelismo importante”, destaca Iglesias.