La ciudad de las torres
Los socialistas proponen nuevos equipamientos que acojan la relación cívica y laboral de los barceloneses
Los socialistas de Jaume Collboni ya se han hecho a la idea de que Barcelona no volverá a vivir, a corto plazo, una etapa de frenesí como el del mandato de Jordi Hereu, cuando el Ayuntamiento desarrolló 400 proyectos urbanos. En su planteamiento para la próxima etapa municipal prima la voluntad de no parar lo que esté en marcha, ni siquiera aquellos proyectos en los que no creen, como las 16 puertas de Collserola, o el túnel de Glòries, al que califican de inútil para mejorar la movilidad. Quieren evitar cometer el error de cuestionar consensos ciudadanos ya establecidos, como atribuyen al equipo de Trias; tal vez para abrir las puertas a una futura colaboración o por creer que el tiempo de las grandes obras ha finiquitado y que la ciudad, para frenar las desigualdades, debe prepararse para la intervención en el espacio privado.
La última de las grandes obras es la Sagrera, respecto de la cual sólo aspiran a que no se muera, recuperando el liderazgo municipal en el proyecto. La penúltima podría ser la línea 9 del metro, en la que tienen puestas grandes esperanzas, más allá de las estrictamente vinculadas al transporte público. Interpretan la L-9 como factor esencial para redimensionar Barcelona y como un elemento clave para su filosofía de futuro: obtener la mayor rentabilidad social posible de las costosas y escasas megaconstrucciones públicas en perspectiva.
El candidato socialista Jaume Collboni proyecta la reforma de 80.000 viviendas en la próxima legislatura
Aunque no vaya a concretarse nada para mañana, en la candidatura socialista, con el arquitecto Dani Mòdol al frente, se ha reemprendido la reflexión sobre la cultura del subsuelo, iniciada en 1992. La gran pregunta de futuro es ¿cómo concretar las gigantescas posibilidades de la Barcelona subterránea? Una de las hipótesis es asociar la creación de equipamientos a los trabajos de apertura de los pozos de ventilación de las estaciones de metro y a la construcción de las grandes pantallas de hormigón exigidas por los túneles urbanos. En el caso de Glòries, por ejemplo, calculan que el nuevo espacio habilitado podría albergar un edificio invisible de 10.000 metros cuadrados.
Mientras esta nueva lógica del urbanismo vertical subterráneo se abre paso, se propone el uso del espacio público de superficie originado por las estaciones de la L-9 o las coberturas de la Ronda de Dalt para acoger las torres cívicas. Este nuevo tipo de equipamiento está pensado para acoger la relación cívica y laboral de los barceloneses, donde instalar servicios de formación, escuelas taller, una Barcelona Activa descentralizada para impulsar actividades productivas compatibles con el entorno, o promover el coworking de los emprendedores con la Administración.
Estas torres no tienen ninguna pretensión de arquitectura simbólica; el concepto pretende dar visibilidad a una interpretación de la ciudad entendida como una red cívica de “conjuntos urbanos”, una nueva unidad de entre 20.000 y 40.000 habitantes que quisieran introducir en el mapa de Barcelona para rentabilizar las intervenciones de regeneración integral de la ciudad. Los nuevos edificios permitirían religar la escala del barrio tradicional con esta dimensión, teorizada como el espacio vital que la gente pueda sentir como realmente propio.
La crisis, según su razonamiento, ha puesto en valor la política de espacios públicos y equipamientos practicada por los gobiernos de izquierdas; hasta el punto que en Barcelona, el contraste entre la calidad de lo público y la degradación del espacio privado puede llegar a ser hiriente en algunos barrios, donde la fractura social sería ya una realidad. Estos “conjuntos urbanos” serían los escenarios donde aplicar su programa de urbanismo social, también definido como ético, quizás para diferenciarlo de los urbanismos sociales en liza.
La concreción más elaborada es el plan Rumb (rehabilitación urbana y mejora de barrios), un intento de dar continuidad al plan de barrios impulsado por el tripartito desde la Generalitat. El objetivo más relevante es el de reformar 80.000 viviendas en cuatro años, comenzando por los edificios públicos. Con esta operación buscan regenerar el parque de viviendas, dar la batalla contra la desigualdad, crear puestos de trabajo y recuperar el interés de la gente por participar mediante el pacto con los vecinos.
El PSC apuesta por la dimensión metropolitana de las infraestructuras
Los socialistas siguen apostando por la dimensión metropolitana como el ámbito idóneo para liderar las políticas de infraestructuras, ordenación territorial, medio ambiente, movilidad o desarrollo económico; proponen la elección directa del presidente del Área Metropolitana y otorgan un alto valor estratégico al Plan Director Urbanístico. Sin embargo, albergan algunas dudas sobre la eficacia de emprender la planificación urbanística de 36 municipios a la vez. El urbanismo, dicen, siempre llega tarde para resolver los objetivos sociales planteados por la idea inicial. Para evitar que esta lógica se cumpla una vez más, estarían dispuestos a explorar otros instrumentos, nuevas escalas de planeamiento más creíbles. Del tipo “proyectos intermunicipales” para dar vida a propuestas como el de las calles metropolitanas, un intento de generar identidad metropolitana, al margen de los grandes equipamientos, cosas de otros tiempos.
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