El TSJC da a Manos Limpias el control de la acusación por el 9-N

Manos Limpias dirigirá la acusación popular contra Artur Mas en la querella por el referéndum del pasado 9 de noviembre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha otorgado al sindicato la "dirección" de las seis entidades que se han personado en la causa judicial como acusación popular: los partidos Vox y UPyD, la Asociación Pro Justicia XXI, los sindicatos Sindicato Profesional de Policía, Unión Federal de Policía y Manos Limpias, y el ciudadano particular Alberto Delgado Sánchez.

El auto del TSJC exige que cada uno de ellos abone una fianza en metálico de 3.000 euros (300 en el caso de Sánchez) para figurar en el proceso. "Las seis acusaciones populares actuarán bajo una misma dirección y representación", la de Manos Limpias, "salvo que, actuando de acuerdo, propongan otra solución que deberá ser aprobada por esta sala", señala la resolución judicial. Manos Limpias se ha hecho con la dirección porque fue la "primera" que se querelló contra Mas tras la celebración del 9-N.

El magistrado Josep Manuel Abril alude a una sentencia del Tribunal Supremo que antepone la posición de las partes en el proceso a sus posibles diferencias ideológicas. Señala, también, que al reducir las acusaciones a una sola representación procesal se previenen retrasos injustificados en la investigación de los hechos.

La resolución señala que las querellas presentadas por esas entidades tienen un mismo origen: la convocatoria de una consulta popular por parte de la Generalitat, que acabó celebrándose el pasado 9 de noviembre. El pasado diciembre, el TSJC decidió admitir a trámite parcialmente esas querellas y también la de la Fiscalía General del Estado. El tribunal investiga a Mas y a dos miembros de su gobierno -la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau- por haber cometido, presuntamente, un delito de desobediencia al organizar la consulta del 9-N.

Resuelta la controversia sobre las acusaciones populares, el TSJC tiene ahora vía libre para impulsar la investigación. El tribunal puede llamar a declarar como imputados a Mas y a sus dos consejeros, aunque también debe pronunciarse sobre una serie de diligencias que la Fiscalía pidió hace dos semanas. Entre otras cosas, la Fiscalía ha solicitado al TSJC que pida a la Generalitat multitud de documentos para conocer cuál fue el coste de la consulta del 9-N para el erario público.