El Valedor reprende a la Xunta por las grandes demoras en dependencia

Medio año esperando el diagnóstico de una incapacidad; medio año inmovilizada en casa —sin ingresos, de baja laboral pero cotizando puntualmente como autónoma— y con tratamiento farmacológico contra la depresión. El jubilado José Manuel Tobío detalla los padecimientos de su esposa, en la cola de la Consellería de Traballo e Benestar para ser valorada en Vigo de una discapacidad que el médico de cabecera calculó en su momento que podría superar el 60%. Tobío asegura que en la Xunta le han dicho que tendrían que esperar hasta 2017 para que valoren a su mujer. En Vigo la lista de espera es larga. “Nos han dicho que tiene un año y medio de retraso”, sostiene.

Ni siquiera la intermediación del Valedor do Pobo en el caso de la mujer de Tobío, de 59 años, han acelerado hasta el momento los trámites. En un escrito fechado el pasado 31 de marzo, el Valedor alertaba al gabinete que preside Betariz Mato de que la tardanza en el reconocimiento de la incapacidad da al traste con la garantía de la Constitución sobre los derechos de los discapacitados. En el caso concreto de la afectada viguesa por la que se interesa, el Valedor instaba en esa fecha a la consellería a que “con urgencia” resolviera el expediente para evitar que se produjeran “demoras perjudiciales”. Un mes después, la afectada sigue inmovilizada en su casa sin respuesta y sin poder trabajar.

En su escrito, el Valedor reprende a la Xunta por las grandes demoras en la valoración de los dependientes gallegos, una situación que la institución conoce no solo por la queja presentada por la mujer de Tobío. “La consellería suele alegar que los atrasos no producen efectos perjudiciales debido a que las consecuencias de las valoraciones se retrotraen a la fecha de solicitud. Sin embargo, comprobamos que en muchos casos tienen efectos perjudiciales”, subraya el Valedor.

Tobío enumera el particular calvario de su esposa al tiempo que muestra su disposición a no rendirse. Sostiene que fue operada en 2008 de una rodilla, 15 días después de que él mismo se plantara ante los medios de comunicación “a la desesperada” tras ver pasar dos años languideciendo a su compañera en lista de espera. Superado ese trance, en 2012 el médico de cabecera detectó a la mujer un problema similar en la otra rodilla y la envió al traumatólogo. “Desde entonces y hasta que este la vio y comenzó la rehabilitación pasaron 457 días”, detalla el jubilado la nueva espera de la paciente.

Incapacitada para poder realizar su trabajo en su pequeño comercio, y cotizando igualmente a la Seguridad Social en torno a 600 euros mensuales, la mujer solicitó en noviembre de 2014 que se le valorase la discapacidad, pero le advirtieron de que había más de 2.300 personas pendientes de analizar en Vigo. “Nos dijeron que tendríamos que esperar año y medio”, explica. Tobío reclamó sin éxito y acudió finalmente al Valedor do Pobo, que acabó urgiendo celeridad a la Xunta.

Mientras en declaraciones a este diario Benestar anuncia que está aplicando las medidas necesarias —refuerzo de técnicos de otras unidades administrativas, ampliación de horarios y formación profesional— para agilizar los atascos que se generan en ciudades de gran densidad de población como Vigo, la mujer de Tobío se enfrenta a otro problema. “Tiene que operarse también de esta rodilla así que hay que pedir de nuevo vez al médico de cabecera y seguir esperando”, relata.

En su contestación al escrito remitido por el Valedor do Pobo en el que esta institución pedía una fecha concreta para valorar la discapacidad de la reclamante, la consellería informaba de que siguiendo el “estricto orden de entrada” en el registro y al “no tener constancia de la urgencia”, la mujer será citada “con probabilidad” en el último trimestre de 2015. El Valedor alerta de que, de esta forma, la espera alcanzaría el año y tildaba de injustificadas las demoras precisando que de esta forma la Xunta “no da solución” a los problemas de los ciudadanos. Pese a la urgencia reclamada y a los medios de refuerzo anunciados, Benestar mantiene, según ha reiterado a este diario, la misma fecha para valorar la discapacidad de la reclamante: el último trimestre de este año. Para entonces, la mujer de Tobío llevará un año inmovilizada en su casa.