Los acomodadores del Auditori comienzan una huelga indefinida
Los empleados de la contrata Manpower denuncian que esta recorta sus jornadas un 50%
Los acomodadores del Auditori iniciaron este jueves una huelga indefinida para protestar contra la precarización de sus condiciones de trabajo y exigir la readmisión de una compañera despedida “a modo de represalia”. Los 40 huelguistas pertenecen a la contrata ManpowerGroup Solutions, que los subrogó el pasado mes de septiembre tras hacerse con la gestión de este servicio, según explicó una representante de los trabajadores.
Los empleados denunciaron que sus jornadas de trabajo se han reducido entre un 25% y un 50% desde que Manpower tomara las riendas y que turnos de una hora y media o dos horas se han “normalizado”, cuando hasta el año pasado estos duraban un mínimo de tres horas. El número de acomodadores por función también ha disminuido entre un 25% y un 47%, según explicaron los afectados en un comunicado.
Los trabajadores recordaron que estos recortes no solo repercuten en sus salarios, sino también en la seguridad, “dado que ciertos espacios y un gran número de asistentes quedan al margen de supervisión”.
Recurso ante el TSJC
El paro ha sido convocado por el sindicato SUT —Solidaridad y Unidad de los Trabajadores—. El Auditori se mostró preocupado por la afectación que tendrá en las funciones de sala, como Cantania, un espectáculo de música en el que participan varias escuelas. Los acomodadores mantienen un litigio con la institución en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que los reconozca como trabajadores propios y deje de subcontratar este servicio. Se trata de un recurso ante una sentencia de primera instancia que da la razón al Auditori.
La reivindicación actual se centra, sin embargo, en Manpower, al que acusan en el comunicado de “precipitar la degradación” de su situación al haber conseguido la licitación con una propuesta más baja hecha “a costa de las condiciones laborales”.
Fuentes de la compañía defendieron que esta se encuentra “abierta a escuchar los intereses de los trabajadores y de todas las partes implicadas” pero que su capacidad de diálogo se encuentra “limitada por el cumplimiento riguroso del contrato público que establece el servicio y, así mismo, por una anterior sentencia judicial que no respalda las peticiones de los trabajadores”, en referencia al fallo recurrido ante el TSJC.
