La Audiencia absuelve a todos los acusados del ‘caso Ciempozuelos’

Blanqueo de dinero, cohecho, tráfico de influencias, delito continuado contra Hacienda, malversación, fraude, apropiación indebida, asociación ilícita y prevaricación. Los exalcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, además de otras 13 personas y una decena de empresas, fueron este miércoles absueltos de estos delitos —y algunos más— por la Audiencia de Madrid. No quedó probado que cometieran ninguno de ellos, si bien había “indicios”.

“Es evidente que del instructor cabe una razonable sospecha de parcialidad”

Los magistrados consideran que parte de la investigación fue mal realizada y arremeten contra el juez instructor, Agustín Carretero (actual director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid), contra la Guardia Civil, contra la fiscalía y contra las acusaciones particulares, a las que reprochan que presentaran pruebas no suficientemente fundadas. Incluso, los magistrados echan en cara a los peritos que no investigasen una cuenta bancaria clave en el proceso.

La sentencia recalca textualmente que “no se ha hecho una investigación exhaustiva de las cuentas de Tejeiro y sus familiares más próximos”, al igual que tampoco se hizo respecto a Torrejón. El tribunal concluye que debía “dictarse sentencia absolutoria de todos los acusados y por todos los delitos, pues los hechos que podrían constituir delito no se han probado y los que se han probado no constituyen delito”.

“La acusación de Manos Limpias es técnicamente incorrecta”

Además, los magistrados señalan que el hecho de que la investigación haya sido incompleta o mal orientada y no permita, incluso pese al claro esfuerzo del ministerio fiscal, imputaciones suficientemente precisas, no significa que “los hechos no revistieran indicios de presuntos delitos”.

La sentencia recoge que “la acusación del Sindicato Manos Limpias es técnicamente incorrecta por la ausencia de correlación de los hechos con los concretos delitos que imputa, pero fuera de ese defecto procesal no recorre el Código Penal en busca de todos los supuestos típicos imaginables”.

Los magistrados arremeten duramente, además, contra el juez instructor, Agustín Carretero, al que Esperanza Aguirre, presidenta del PP, dio varios cargos institucionales entre 2007 y 2012. “Pese a que en la causa el Partido Popular no es la única acusación, pues acusan también el ministerio fiscal, el PSOE y el sindicato Manos Limpias, es evidente que respecto del juez instructor cabe una razonable sospecha (“iudex suspectus”) de parcialidad. Conforme a la experiencia, los nombramientos no nacen espontáneamente, sino de previos diálogos o negociaciones. Aunque no hay, y esto hay que decirlo con toda claridad, ningún dato en la causa que revele una actuación parcial del juez, su apariencia de imparcialidad queda en entredicho”. 

"Es una sentencia incongruente”, se queja la acusación del Partido Popular

“No obstante”, afirman los jueces, “ello no debe originar la nulidad de las actuaciones. En puridad, los hechos objeto de la causa han sido debatidos una y otra vez y han sido objeto de investigación durante años, tras cesar en sus funciones el primer juez de instrucción. Declarar la nulidad conlleva dictar, sin más, sentencia absolutoria. El riesgo de que esa sentencia a su vez sea anulada es inasumible.

La absolución sorprendió a la acusación: “Los propios imputados y sus abogados esperaban una condena”, dice Juan Ramón Montero, abogado del Partido Popular, personado como acusación particular en la causa. Junto a los populares estaban el PSOE, el sindicato Manos Limpias y la fiscalía. “Es una sentencia incongruente”, continúa Montero. “Los hechos que se exponen, desde las actuaciones hasta los fondos depositados en Andorra o Suiza, evidencian delito. A pesar de ese salpicón de hechos delictivos, el tribunal no llega a una conclusión culpatoria”, añade el abogado.

Los jueces creen que había “indicios de delito”, pero no se probaron

“Facturas inexistentes, sociedades del propio alcalde, dinero en Suiza y cuentas en Andorra”, describe el abogado de los populares algunos de los detalles del caso. “No hay duda de que los que se beneficiaban de este plan estaban relacionados con los alcaldes”, explica el letrado, que reconoce encontrarse estupefacto y que espera que la fiscalía recurra la sentencia, de más de cien páginas y fruto de casi una década de investigaciones. En cualquier caso, Montero, en nombre de la acusación particular, irá al Supremo.

Los inicios del denominado caso Ciempozuelos se remontan casi una década, concretamente a 2006, cuando el sindicato Manos Limpias puso una denuncia contra el entonces regidor de la localidad madrileña, de 24.000 habitantes, Pedro Torrejón, que ejerció de alcalde entre 2003 y 2006. Le acusaban, junto a su predecesor en el cargo, el también socialista Joaquín Tejeiro, de haber recibido de manos de una trama urbanística hasta 40 millones de euros. En la organización, además de los alcaldes, estaban implicadas 13 personas, entre ellas la esposa de Torrejón, varios amigos suyos y una decena de empresas, como Esprode, Urbanges o Edificaciones Tifan, propiedad de personas próximas a los exregidores.

“Estoy muy contento”, declaró Pedro Torrejón poco después de escuchar la sentencia. “He defendido mi inocencia desde el principio. Se trata de un caso político orquestado por el Partido Popular y por los medios. Pero yo perdono a todo el mundo”. Al escuchar el veredicto, Torrejón se lanzó a los brazos de su compañero en el banquillo. “Ni ellos mismos se esperaban algo así. No entiendo muy bien lo que ha podido pasar”, añadió el letrado Montero.

“Ahora nada… En casa, con mi mujer, mis nietos, mis hijos y mis amigos. Que se cierre todo y volver a empezar”, dijo a la salida del juicio Joaquín Tejeiro. Torrejón, también emocionado, no piensa quedarse en casa: se presenta como candidato a la alcaldía de la localidad por el partido Ciudadanos por Ciempozuelos (no confundir con Ciudadanos, el partido de Albert Rivera): “Ahora los vecinos deberán decidir bien”.