Barberá intentó que Cultura anulara la orden de expolio sin informes

El portavoz del grupo municipal socialista, Joan Calabuig, ha desvelado que la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura remitió al Ayuntamiento de Valencia el 24 de febrero de 2015 una resolución en la que advertía de la necesidad de “adoptar medidas conducentes a garantizar la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación del Cabanyal como conjunto histórico”, ya que “se tienen indicios de que este conjunto puede estar siendo objeto de un creciente deterioro, tanto en términos de abandono y degradación arquitectónica como en términos sociales”.

Calabuig, que acusado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de “mantener hasta el final su prepotencia y soberbia”, ha lamentado que “lejos de acatar la resolución y proceder de inmediato al levantamiento de la suspensión de licencias, Barberá presentó un documento de alegaciones el 12 de marzo de 2015”.

“Barberá se ha negado hasta el final a cumplir con la Orden de expolio y las directrices del Ministerio de Cultura”, ha denunciado y ha remarcado que la Secretaría General Técnica del citado Ministerio “ha tenido que recordarle en informe del pasado 23 de abril que la Orden de expolio se hace para garantizar la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de éste como Conjunto Histórico”. Pero también, que la suspensión del PEPRI “debe limitarse a aquellos aspectos del mismo que supongan expolio en los términos de la orden de 2009 y en el ámbito del BIC”.

De la misma forma, establece que esta orden "no implica la denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo sobre bienes ubicados en el citado barrio”. “Tras analizar cada clase de licencia solicitada, comprobar la calificación jurídica del inmueble concreto, estudiar el tipo de intervención propuesta y el impacto del PEPRI sobre las mismas, se podrá conceder o denegar aquéllas”, indica.

Calabuig ha remarcado que se trata de un argumento “idéntico” al utilizado por la Abogacía del Estado en septiembre de 2010 y que "la alcaldesa se negó a acatar". Por ello, ha manifestado que Barberá “además de pedir perdón a los vecinos y vecinas por el daño causado de manera arbitraria e intencionada, podría haber actuado al margen de la legalidad a sabiendas”. Ha advertido además que la alcaldesa “está haciendo el ridículo al mantener ante el ministerio argumentos desautorizados por sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo”.

Todos los argumentos incluidos en el documento de alegaciones firmado por el Delegado de Urbanismo y que se adjuntan, inciden en supuestos que jurídicamente han sido rechazados, subrayan los socialistas.

Las alegaciones del Consistorio exigen a la Administración del Estado que a la mayor brevedad, y de acuerdo con los principios de celeridad, "sin necesidad de recurrir a ningún tipo de informe preceptivo o vinculante, resuelvan que la modificación del PEPRI desaparece cualquier riesgo de expolio. Es más, se atreven a sugerir que, de exigirse algún informe, que lo sea únicamente de instituciones adscritas o dependientes de la subdirección General competente".

Los socialistas insisten en que para la aprobación del nuevo plan deben seguirse el mismo tipo de tramitación, consultando a las mismas instituciones que informaron la existencia de expolio: "El Ministerio someterá la propuesta de adaptación del PEPRI a informe de naturaleza no vinculante de instituciones independientes a fin de respetar el mismo procedimiento seguido en la elaboración de la Orden de 2009". 

El Ayuntamiento, que preside Barberá, solicita en sus alegaciones que, "tras ser oída la Generalitat" dicte nueva resolución por la que se acuerde "declarar que el Consistorio de Valencia ha realizado una adaptación del PEPRI con la que ya ha desaparecido cualquier riesgo de expolio, y con ello, la causa que motivó el ejercicio de la competencia estatal en materia de expolio"”.