La Universidad de Vigo, obligada a pagar por ofrecer un título inexistente

La Universidad de Vigo creó en el curso 2005-2006 el Graduado Universitario en Ciencias Policiais e Detective Privado. Los no licenciados que superasen los dos primeros años de estudios obtendrían el título de técnico de Criminología, según publicitó la institución académica, entonces con Alberto Gago como rector. No fue así, ya que la Universidad no está capacitada para expedir tal reconocimiento. Nueve años después, los primeros 14 afectados recibirán una indemnización de 3.000 euros cada uno, al asumir la Universidad el error de haber ofrecido una titulación inexistente.

El reconocimiento de la indemnización, que supondrá un gasto total de 42.000 euros, fue firmado el pasado viernes por el actual rector, Salustiano Mato, después de que un dictamen preceptivo pero no vinculante del Consello Consultivo de Galicia diese la razón parcialmente a los estudiantes. El número de afectados es mayor, aunque provisionalmente el Rectorado solo reconoce a los que acudieron conjuntamente al Consultivo, organismo que considera acreditado que la Universidad actuó “irresponsablemente” cuando ofreció el título de técnico para los alumnos que superasen todas las materias de primero y segundo cursos. Garantizaba así “un título que no estaba en condiciones de emitir”, entre otras razones porque es “una denominación reservada a la educación no universitaria”.

Los afectados recurrieron previamente al Valedor do Pobo y al Tribunal de Garantías de la propia institución académica, que se pronunciaron a favor de sus reclamaciones. La titulación impugnada fue rápidamente anulada por la Universidad. En 2006, a la conclusión del primer curso académico, se dejó sin efecto para convertir los estudios en dos nuevas titulaciones: Graduado Universitario en Detective Privado y Graduado Universitario en Ciencias Policiales. Esa decisión obligó a los alumnos de la primera promoción que deseasen la titulación inicialmente ofertada a tener que soportar la matriculación en tres nuevas materias, con el consiguiente incremento de horas lectivas y exigencia académica, además de un mayor coste económico de 792 euros.

El informe del Consultivo precisa que el propio Servizo de Alumnado de la Universidad de Vigo reconoció que esta no podía expedir legalmente el título de técnico. “Esta circunstancia era ya conocida en el momento de diseñarse el título propio de Graduado Universitario en Detective Privado e Ciencias Policiais, ya que se aprobó tres años después del reglamento de títulos propios, aprobado en 2003”, señala el dictamen.

El total de alumnos de la primera promoción asciende a 300, pero no todos están afectados por la titulación fantasma, ya que los alumnos con estudios superiores recibieron la de máster y los diplomados, la de especialista, que sí están reconocidas por el reglamento. La de técnico “no existe y es totalmente inusual en las universidades”, reconocen fuentes de la Universidad de Vigo, que no ocultan que “en algún momento los sistemas de control de titulaciones no actuaron con la diligencia que deberían”.

Pese a todo, el equipo de Mato resalta que el dictamen del Consello Consultivo “sostiene que no hubo engaño ni publicidad engañosa” y defiende aquella actuación al considerar que el hecho de conceder la oportunidad de obtener un título intermedio era “un plus añadido con ánimo de beneficiar al alumnado”. El dictamen del organismo de consulta “no entra a valorar otras cuestiones más allá del título intermedio”, por interpretar que “ya fueron objeto de informes y resoluciones” que no están relacionadas con la reclamación, añade. “Desde que comenzaron en 2013, las reclamaciones realizadas por el alumnado en relación con los títulos propios fueron respondidas en todo momento de forma individual por la Universidad”, señala un comunicado de la institución que dirige Salustiano Mato.

La coordinadora creada por los afectados celebró ayer la decisión, pero no se dio por satisfecha. Sus abogados han recusado a la vicesecretaria general de la Universidad, instructora de un expediente interno que ha sido rechazado por el Consello Consultivo. “Nuestros abogados consideran que pesan sobre ella causas suficientes que acreditan su falta de imparcialidad”, asegura la asociación en un comunicado. Mientras tanto, el juzgado de instrucción número 1 de Vigo instruye diligencias en la actualidad contra el director de las titulaciones inexistentes, Javier de Vicente Remesal, y la coordinadora de los estudios, Marta García Mosquera, contra los que la coordinadora presentó una querella por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y prevaricación.