La fiscal pide 11 años de cárcel para el expresidente de la patronal del metal

La Fiscalía ha pedido 11 años de cárcel para el empresario Antoni Marsal por haber saqueado, presuntamente, los fondos de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), la entidad que presidió entre 2006 y 2012. En su escrito de acusación, la fiscal del caso atribuye a Marsal dos delitos: uno de malversación de fondos públicos y otro de falsedad documental, según han explicado a EL PAÍS fuentes judiciales. El empresario emitió, supuestamente, facturas falsas a la UPM para apoderarse de 600.000 euros. La mitad del dinero procede de subvenciones que el Estado y la Generalitat conceden a la patronal del metal para que lo destine a formar a trabajadores del sector.

El escrito de la fiscal también se dirige contra Ángel Hermosilla, que fue número dos de Marsal en la UPM. Hermosilla afronta una petición de nueve años por los mismos delitos. Según la investigación, autorizó los pagos a las empresas de Marsal y avaló otros importes a su esposa por trabajos ficticios, según el auto judicial que puso fin a la instrucción. La fiscal plantea, como alternativa a la malversación y para el caso de que los fondos no se consideren público, un delito de fraude de subvenciones.

Para el resto de acusados, la fiscal pide penas inferiores. Se trata de dos exempleadas de la UPM —la responsable de formación, Magdalena Grau, y la de administración, Isabel López— que debían “velar por el correcto destino de los fondos” públicos y privados que manejaba la entidad y no lo hicieron. Tanto Grau como López se adhirieron, en 2012, a la carta que los trabajadores de la patronal del metal escribieron a Marsal denunciando irregularidades en su gestión.

Esa carta supuso el comienzo de una investigación que también llevará al banquillo a Ángel Blesa, jefe de la inspección de Hacienda en Cataluña en los años 90 y ahora asesor fiscal. La Fiscalía le pide cuatro años por colaborar con Marsal en la malversación.