La Generalitat compró un edificio de Aidico mientras iba a concurso
El Ivace descontó del precio del instituto tecnológico una deuda y una asesoría
La Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), compró a la Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico), en el momento en que entraba en concurso de acreedores, el único edificio de su propiedad. El Ivace, dirigido por Joaquín Ríos, que a su vez formaba parte del consejo rector de ese instituto tecnológico de la construcción, ejerció para ello el derecho de accesión (por el que la Generalitat adquiría un inmueble propiedad de Aidico construido sobre suelo cedido por la Administración autonómica antes de que pudiera ser vendido a un tercero). Así se hizo con el edificio del centro de certificación y nanotecnología, en el Parque Tecnológico de Paterna. El edificio está situado justo al lado de la sede central de Aidico, ocupada en régimen de alquiler, y sobre él pesaban en el momento de la compra una hipoteca del Instituto Valenciano de Finanzas y un embargo de la Agencia Tributaria.
Un acta del consejo rector del instituto de la construcción del 3 de diciembre de 2014, que forma parte de documentación sobre la gestión de Aidico a la que ha tenido acceso el diputado socialista Francisco Toledo, refleja cómo se aprobó que el Ivace pagara poco más de un millón de euros por “el derecho de accesión sobre las obras construidas por Aidico” y apunta que “de dicho importe de la indemnización se retraería por compensación de deudas contraídas por Aidico con el Ivace, pendientes de liquidación, la cuantía de 392.861 euros”. Además, también se aprobó en ese consejo rector una cesión de crédito de 121.000 euros para los abogados Gabinete Begur, SL “a cuenta de los honorarios” por la presentación de la solicitud del concurso de acreedores y otras gestiones. “Detraída la cantidad de 121.000 euros de la cuantía a abonar por el Ivace”, señala el acta, “queda una cuantía resultante de 528.836 euros, que el Ivace abonará a Aidico”.
Conscientes de que la maniobra era discutible en el contexto de una suspensión de pagos, los miembros del consejo rector, formado por Francisco Zamora, Joaquín Ríos, Francisco Cosme de Mazarredo, José Luis Miguel, Roberto Parras y Fernando Palomares, director gerente de Aidico, aprobaron también “que se establezca una condición resolutoria de la escritura pública para someter a dictamen de la administración concursal o la autoridad judicial los términos, cuantías y condiciones acordados al respecto del ejercicio del derecho de accesión aprobado, para que si fuera necesario pudieran ser revocados en lo que correspondiere”.
El inmueble se adquirió cuando el Consell estaba por vender patrimonio
“La Generalitat se convirtió en parte vendedora y parte compradora al mismo tiempo”, dice Toledo sobre la compra del edificio de certificación y nanotecnología. “¿Por qué un millón de euros para comprar un edificio cuando la Generalitat lo que está haciendo es lo contrario, enajenando edificios para obtener ingresos?”.
El propio Toledo apunta una respuesta. “El consejero de Economía, Máximo Buch, ya había anunciado que quería reducir el número de institutos tecnológicos y, de hecho, pagó un estudio que concluía que los 14 debían reducirse a cinco mediante fusiones. Al tomar la Generalitat la mayoría en Aidico, ejecuta esta reducción deseada llevando el Instituto de la Construcción a concurso de acreedores, un concurso que, por las fechas que pasan entre la admisión y la fecha señalada para la adjudicación de bienes y patrimonio de Aidico, bate récords”.
El auto del Juzgado de lo Mercantil número tres de Valencia en el que se declaró el concurso voluntario de acreedores es del 10 de diciembre y se publicó el 12 de diciembre, apenas unos días después de que el consejo rector de Aidico aprobara la venta al Ivace del edificio. Los bienes de Aidico están sometidos ahora mismo a un proceso de subasta para hacer frente a las deudas. Y son muchos los que consideran que la Generalitat, pese a las irregularidades, ha buscado resolver el asunto “de forma rápida y discreta”.
Liquidar, una prioridad
Cuando el 3 de diciembre de 2014 se reúne el consejo rector de Aidico, integrado por tres representantes de la Generalitat y dos de la patronal provincial de la construcción Fevec, se deben las nóminas de varios meses a los trabajadores del instituto tecnológico y los impagos abruman su gestión. Es evidente ya que muchos acreedores se quedarán sin cobrar o solo podrán cobrar parte de la deuda. Además de que el único patrimonio inmobiliario de Aidico pase a la Generalitat, el consejo se preocupa de allanar la liquidación del organismo. De ahí que decida “hacer una entrega a cuenta” al Gabinete Begur,SL de los honorarios por presentar la solicitud del concurso de acreedores, así como por “las negociaciones para la venta de unidades productivas de Aidico”.
Pese a que todo el dinero que se maneja es público (procede del Ivace), no se convoca concurso para adjudicar el trabajo jurídico de liquidar el instituto. Se asume que Aidico es privado y se obvia que estaba, de hecho, intervenido por la Generalitat. Las funciones que se encargan al bufete especializado en administración concursal van más allá del propio concurso de acreedores. Gabinete Begur se presenta como “especialista en insolvencias” y tiene despachos en Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao y Tenerife. Fue fundado en 1990 por el abogado Miguel Sandalinas Collado, que ha sido edil del PSPV en Montanejos, ha formado parte de la ejecutiva socialista del Alto Palancia y es candidato a la alcaldía.
