La justicia investiga por nepotismo a los dos últimos alcaldes de Carnota

Otro ayuntamiento gallego, el de Carnota, en la costa oeste de A Coruña, está bajo sospecha por las contrataciones de personal supuestamente ilegales que realizaron sucesivamente tanto el actual alcalde, Ramón Noceda, del BNG, como su antecesor, José Oreiro, del PP. La guerra se libra en los tribunales con múltiples denuncias contra ambos políticos así como sentencias declarando nulos o improcedentes despidos indiscriminados de trabajadores municipales. El último episodio ha sido la decisión de la juez de Primera Instancia e Instrucción de Muros, a instancias de la fiscalía, de revocar su resolución inicial por la que había archivado una denuncia del secretario-interventor del Ayuntamiento. La juez ordena ahora investigar si el regidor, candidato a la reelección en mayo, incurrió en prevaricación administrativa continuada con la contratación de personal.

 Mientras, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia continúa la instrucción del sumario por presuntas ilegalidades en la contratación a dedo de una persona. Están imputados al exalcalde de Carnota, su exteniente de alcalde y hoy diputada autonómica del PP, Marisol Piñeiro, así como el propio secretario-interventor, Carlos Bousoño. El caso fue abierto en 2013 y la fiscalía halló indicios racionales de criminalidad para acusar a los tres cargos municipales. Los ediles de PP y PSOE impidieron con sus votos que el Ayuntamiento, a propuesta del BNG, que gobierna en minoría, se presentase como acusación particular en este caso.

Noceda, que se hizo hace cuatro años con el bastón de mando, despidió en 2013 precisamente a esa persona cuyo contrato llevó a imputar a su antecesor. Otros seis trabajadores municipales también fueron enviados al paro en aquel momento y sus plazas eliminadas. Sin embargo, pese a justificar esos despidos en la necesidad de reducir costes y evitar despilfarros, el alcalde contrató poco después a una quincena de personas. Una decisión que le valió una denuncia por contratación supuestamente irregular. El informe que la fiscalía de Santiago hizo sobre esas contrataciones fue incorporado a las diligencias reabiertas ahora por la juez de Muros. Esta última ha requerido toda la documentación relativa a las graves acusaciones presentadas contra el regidor por el secretario-interventor municipal. Bousoño considera que Noceda incurrió en prevaricación administrativa al emplear a varios trabajadores nuevos y en malversación de caudales públicos por contratar dos servicios jurídicos externos al Ayuntamiento. El funcionario también acusa al alcalde de injurias, calumnias y coacciones “pudiendo dar origen a un acoso laboral”.

A este cruce de denuncias judiciales, se añaden las demandas de los despedidos hace dos años. Los tribunales dieron la razón en casi todos los casos a los trabajadores, obligando incluso a readmitir a varios en sus puestos por considerar que la alcaldía había vulnerado sus derechos fundamentales al cesarlos por razones de discriminación política o sindical. Aquella oleada de despidos costó además una pequeña fortuna en indemnizaciones y minutas de abogados a las de por sí maltrechas arcas municipales. En su defensa, Noceda argumenta la negociación en curso con los representantes sindicales para establecer en el Ayuntamiento una relación de puestos de trabajo que permita garantizar “una mayor transparencia y eficacia” de esta Administración local. Asegura que ese documento obligará a seguir los principios de mérito y capacidad a la hora de contratar el personal municipal. Fue precisamente la ausencia de esas garantías legales lo que provocó la apertura de los sumarios contra el actual y el anterior alcalde de Carnota.