La aristocracia quiere levantar mansiones en el monte de Pozuelo
Los nobles propietarios del terreno se apoyan en la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles que introdujo Esperanza Aguirre
El monte de Pozuelo y del Pilar es una masa forestal de casi 800 hectáreas, repartidas entre los municipios de Majadahonda, Pozuelo —que acapara más de la mitad— y Madrid. En tiempos de Felipe II fue cazadero real, pero la desamortización y la venta de patrimonio regio lo pusieron en manos de la aristocracia. La porción que corresponde a Pozuelo es aún hoy propiedad privada. Y sus casi 200 dueños actuales —la mayoría herederos de los antiguos nobles— quieren construir en él varias decenas de mansiones.
El Ayuntamiento ha recibido 32 solicitudes de licencia para construir
La mayoría de los propietarios pertenecen a dos familias: los Güell Martos y los Oriol. Para levantar sus mansiones se amparan en la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (Ley ViRuS), aprobada por Esperanza Aguirre en 2012, con toda la oposición en contra, meses antes de dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid. Esa norma establece como único requisito para construir que el propietario del terreno posea más de seis hectáreas. Además, su artículo 7 estipula que si, transcurridos tres meses desde la presentación de la solicitud, el Ayuntamiento no ha dado respuesta, “se entenderá otorgada la licencia [de construcción] por silencio positivo”. Hasta el momento, el consistorio de Pozuelo, gobernado por el PP, ha recibido 32 solicitudes de licencia para construir. No obstante, el Ayuntamiento no parece estar por la labor: asegura que el monte “está especialmente protegido, por lo cual no se puede urbanizar”.
La polémica sobre el uso del monte empezó en 2010, cuando los vecinos de Pozuelo denunciaron el cierre de caminos de uso público —pero de propiedad privada— por parte de los propietarios. Los Oriol y los Güell Martos han venido vallando o borrando con arados las sendas comunes. La Asociación de Vecinos por el Monte y Ecologistas en Acción temen ahora que logren “blindar completamente sus fincas” con la construcción de casas en pleno bosque. “No hay otra lectura en esto. Lo que se pretende es urbanizar el monte con casas de lujo”, afirma Jan Hinrichs, miembro de la asociación vecinal. “Tantas licencias suponen 198 hectáreas urbanizada”.
El Consistorio dice que el monte está protegido y no se puede urbanizar
Luis de Palacio y de Oriol (X Marqués de Casa Palacio), confirma el temor de los vecinos sobre la construcción de viviendas campestres de acuerdo a la ley ViRuS. Afirma que el monte jamás ha sido de uso público, y que fueron los ancestros de las familias propietarias quienes lo “hicieron bonito plantando árboles”. También añadió que tiene una propuesta de permuta del suelo para su uso como parque público. Según Oriol, el Ayuntamiento “se lava las manos” y no quiere llegar a un acuerdo porque “responder por suelo público le resultaría muy caro”.
La norma fue recurrida en 2013 por 50 senadores del PSOE ante el Tribunal Constitucional. La asociación vecinal y la plataforma Anti-ViRuS, a la que también pertenece Ecologistas en Acción, confían en que un nuevo Gobierno ayude a derogar esta ley que, según ellos, “fomenta los intereses urbanísticos de una minoría privilegiada y es una amenaza contra zonas de alto valor ambiental”.
Los vecinos han pedido propuestas concretas a los candidatos municipales. Hace diez días se reunieron con los candidatos de UPyD, PSOE, Ciudadanos y Somos Pozuelo. El PP rechazó la invitación para acudir. Los otros cuatro estuvieron de acuerdo en presionar hasta lograr la derogación de la ley.
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