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La Fiscalía reactiva la causa del 9-N con la petición de nuevas pruebas

El fiscal quiere conocer las indicaciones que el Gobierno catalán dio a los maestros sobre la consulta, la contratación de la página web o la confección de las papeletas

Artur Mas, votando el 9-N
Artur Mas, votando el 9-N

La Fiscalía ha reactivado la causa contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta popular sobre la independencia el pasado 9 de noviembre de 2014. El ministerio público ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordene una quincena de nuevas diligencias para aclarar si Mas y otros dos miembros del ejecutivo -la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau- cometieron un delito de desobediencia al sacar las urnas a la calle pese al veto del Tribunal Constitucional.

La Fiscalía quiere conocer, al detalle, todos los expedientes administrativos que se abrieron en relación con la consulta alternativa, así como las comunicaciones que el Gobierno catalán mantuvo con sus delegaciones en el extranjero y con los centros de enseñanza pública para impulsar la votación. El fiscal quiere que el Departamento de Educación remita una copia de todas las "comunicaciones enviadas a las delegaciones y a los directores de enseñanza públicos" sobre la "cesión de locales para la votación", así como si puso material informático a disposición de la jornada.

Tres de las peticiones de prueba se centran en la página web que el Ejecutivo de Mas puso en marcha para informar sobre consulta y promover la participación (www.participa2014.cat). El fiscal quiere conocer al detalle la "contratación y pago" de la página web y pretende obtener también una copia de los "archivos, contenidos y enlaces" que se alojaron en ella, así como saber quién fue el responsable del mantenimiento de la página. Algo similar ocurre con las papeletas, sobres y urnas usados en la votación, y que fueron elaborados por presos de la cárcel de Ponent. El fiscal quiere el expediente administrativo sobre el encargo a la imprenta del penal y también cómo se contrató "el transporte y la distribución" de ese material hacia los puntos de votación habilitados para el 9-N.

La Fiscalía también ha pedido un listado del material informático usado el 9-N y qué uso se le dio después y la "contratación" de los locales que se usaron como centro de prensa (en el recinto ferial de Montjuïc), así como otros servicios relacionados con el "seguimiento y proclamación de resultados" que hizo Joana Ortega. Ha pedido, igualmente, que la Generalitat le detalle los gastos de la partida presupuestaria de 2014 destinada a "procesos electorales y consultas populares" y que está dotada con más de cinco millones de euros. Si el TSJC lo acuerda, el secretario general de Presidència también deberá enviar a la causa "todas las instrucciones, indicaciones, oficios, comunicaciones o documentación" remitidas a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

Tras una polémica con la Fiscalía Superior de Cataluña -que no veía delito en la actuación del Gobierno catalán- la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra Mas, Ortega y Rigau por cuatro delitos el pasado noviembre: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Un mes después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -el órgano competente para investigar a aforados- decidió admitir a trámite la querella y abrir diligencias. Aunque no citó a declarar, de entrada, a ninguno de los tres y acotó la instrucción al delito de desobediencia.

La causa penal no ha avanzado prácticamente nada en estos meses, que básicamente se han dedicado a aglutinar las diferentes denuncias y querellas presentadas contra Mas y a traducir la causa (a petición de UPyD, que ejerce la acusación popular) al castellano. El TSJC deberá pronunciarse ahora sobre las peticiones de la Fiscalía, que se efectuaron hace más de un mes pero no se han conocido hasta ahora.