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La Audiencia confirma el archivo de la investigación sobre Sonia Iglesias

El tribunal rechaza hacer una prueba neurológica a la expareja de la desaparecida

La policia cientifica organiza un rastreo en grupo cerca de Pontevedra en agosto de 2010.
La policia cientifica organiza un rastreo en grupo cerca de Pontevedra en agosto de 2010.

La investigación sobre el paradero de Sonia Iglesias quedó ayer archivada de forma provisional por decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que avaló una resolución del Juzgado de Violencia contra la Mujer en el mismo sentido. La Audiencia rechazó que se practicase una prueba neurológica experimental a la expareja de Iglesias, desaparecida sin dejar rastro de la ciudad del Lérez en agosto de 2010.

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, insistió tras conocerse la decisión en que “ni la fiscalía ni la policía van a dejar de investigar esta desaparición”, según recoge Europa Press. El archivo provisional implica que empiecen a contar los plazos para la prescripción del caso, que solo se interrumpirán si el descubrimiento de nuevas pruebas suscita más actuaciones.

La prueba del Potencial de Evocación Cognitiva o P-300 es un test en el que se registran la actividad cerebral del sujeto y sus reacciones ante distintos estímulos, de manera que, por ejemplo, podría delatar si conoce o no un lugar que se le muestre en una fotografía. Pero por su propia naturaleza la prueba limita con el derecho a no declarar contra uno mismo, que es un pilar básico de la legislación penal. Así lo entendió la juez durante la instrucción y lo corrobora la Audiencia. El P-300 “no consiste solo en localizar o averiguar el paradero de la desaparecida sino que es una diligencia de la instrucción cuyo objeto es investigar la conducta de la persona investigada y que por ello podría ser utilizado en su contra, por lo que permitir su práctica podría vulnerar sus derechos”, razonan los magistrados, que apuntan también que el test no está regulado, “sin que se haya acreditado su admisión por la comunidad científica, no constando las tasas de fidelidad, ni si es posible que se den falsos positivos”.

El caso de Sonia Iglesias movilizó a la ciudad en el verano de 2010. Las batidas de búsqueda y las manifestaciones de apoyo a los familiares se sucedieron durante semanas, sin resultado. El exnovio de Iglesias, con quien tiene un hijo menor de edad, fue interrogado en los primeros días tras el suceso y no volvió a serlo hasta que en 2013 el juzgado especializado en violencia contra la mujer asumió la instrucción. Las pesquisas recobraron vigor en los meses subsiguientes. Los abogados volvieron a revisar las grabaciones de los comercios de la ciudad —Iglesias era encargada de una céntrica tienda de ropa— y hasta las cámaras de la comandancia de la Guardia Civil, cerca de donde se había hallado, a los pocos días de la desaparición, la cartera de la mujer. Fue en vano. Un año después el juzgado se vio obligado a archivar el caso, decisión que ahora queda confirmada.