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La fiscalía pide procesar a tres imputados por las muertes de Alcalá

El ministerio público considera que en el caso de la familia intoxicada se projeron tres delitos de homicidio imprudente

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado a la juez que dicte auto de procedimiento abreviado contra tres de las cuatro personas imputadas por la muerte, en diciembre de 2013, de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaira tras una intoxicación inhalatoria con fosfina procedente de unos tapones de plaguicida almacenados en el cuarto de baño de su vivienda.

El ministerio público solicita a la juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Alcalá de Guadaira que, tras la práctica de una serie de diligencias, procese a tres imputados por tres delitos de homicidio imprudente y un delito continuado contra el medio ambiente. La fiscalía ha pedido que se procese a la gerente de la empresa de gestión de residuos peligrosos Alansu S. L. y al encargado de la chatarrería Reciclados Nivel, así como a una tercera persona, todo ello con relación a una intoxicación por la que falleció el matrimonio compuesto por Enrique Caño, de 61 años, y Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años. Además, en el mismo escrito, fechado el pasado 25 de marzo, pide archivar la causa respecto a un cuarto imputado "por no resultar acreditada su participación en los hechos".

La fiscalía solicita, además, la práctica de una serie de diligencias, entre ellas que se solicite a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que remita las resoluciones de 8 de agosto de 2006 y 22 de abril de 2010 en las que se autorizaba a Alansu como gestor de residuos peligrosos en su planta de Dos Hermanas, todo ello a fin de concretar su responsabilidad penal. también pregunta a la delegación, si en el momento de obtener las autorizaciones para el funcionamiento de la planta de Dos Hermanas, Alansu proporcionó la identidad del personal exigido.

De igual modo, pide una copia de los proyectos técnicos y de explotación presentados por esta empresa para obtener sus autorizaciones, conforme al reglamento de residuos tóxicos y peligrosos. La fiscalía solicita también que la Junta le informe sobre las funciones que desempeñan cada una de las personas mencionadas en el reglamento, en particular, el titulado superior especializado, el jefe de laboratorio y los jefes de explotación y de mantenimiento, especificando la titulación concreta que deben ostentar para la realización de tales funciones.

En relación con la responsabilidad penal de la empresa Reciclados Nivel, solicita que se constate la venta o traspaso del negocio a una tercera persona y que la Policía Judicial que realice un informe sobre las personas que trabajan en dicha empresa en la actualidad, actividad que desarrolla, clientes y proveedores, todo ello con el fin de concertar si "nos encontramos ante una disolución encubierta o aparente de dicha persona jurídica".

En su declaración, la gerente de la empresa de gestión de residuos peligrosos imputada aseguró que los tapones "fueron sacados" de la empresa "sin su consentimiento" en diciembre de 2013 y añadió que "pensaba" que Reciclados Nivel disponía de autorización de la Junta de Andalucía para la eliminación de residuos tóxicos.

Por su parte, el encargado de la chatarrería Reciclados Nivel afirmó en su declaración que desconocía que la partida de 1.000 kilogramos de botes de fosfuro de aluminio que le llegó procedente supuestamente de la empresa de gestión de residuos estuviera contaminada, pues "no sabía que tuviera elementos tóxicos y pensaba que los envases eran de aluminio".