Los socialistas se querellan contra Camps por el Gran Premio de F-1

Los socialistas se querellaron este viernes contra el expresidente valenciano Francisco Camps, la exconsejera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar por supuesto delito societario, de prevaricación y malversación en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. El PSPV-PSOE mantiene que Camps “urdió un plan” para financiar el evento deportivo “con cargo al erario público” empleando “complejos subterfugios” para sostener ante la opinión pública que el coste “sería cero” a la búsqueda de un “rédito electoral”.

El exjefe del Consell, que está imputado por estos supuestos hechos tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, ha negado en declaraciones públicas haber cometido irregularidades. Y ha defendido que el Gran Premio de F-1 sirvió para multiplicar el atractivo turístico de la ciudad.

Según los socialistas, Camps utilizó como “empresa pantalla” a Valmor Sports. La sociedad firmó los acuerdos con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, pese a carecer “de medios materiales y personales” para asumir una prueba de tal envergadura. El motivo fue que tanto Aspar, responsable de Valmor, como el expresidente sabían que sería la empresa pública Circuito del Motor la que asumiría los gastos, sostiene el escrito.

Camps prometió que las carreras no costarían nada a la Administración. El cálculo de los socialistas refleja, en cambio, que la Generalitat desembolsó 250 millones de euros por distintos conceptos. Construcción del circuito urbano (97 millones), pago del canon anual a Formula One Administration (93,7 millones), gastos de montaje y retransmisión televisiva (24,8 millones) y compra de Valmor Sports (34,2 millones). El Gran Premio de Europa, nombre dado por Ecclestone a la carrera, se celebró entre 2008 y 2012.

Como indicio de su tesis, los socialistas señalan que Camps “tenía tan avanzadas las negociaciones”, realizadas “personal y directamente con el señor Ecclestone”, que tres meses antes de que Valmor firmara los contratos de la prueba “encargó oficialmente al Ente Gestor de la Red de Transportes el desarrollo de los equipamientos necesarios para el ámbito de un circuito urbano de automovilismo”.

Las decisiones de Camps, según el PSPV-PSOE, implicaron quebranto económico para la Generalitat y beneficio para Valmor, con cuyo referente, Aspar, “mantenía una amistad conocida y notoria”. Al organizar el Gran Premio a través de esta empresa, añade el escrito, se “eludieron los controles de legalidad a los que están sujetas las empresas públicas” y se mantuvieron “opacos todos los contratos referidos a la Fórmula 1”.

La querella está firmada por los diputados Antonio Torres, Rafael Rubio, Carmen Ninet Peña, Francisco Toledo y Eva Martínez. Esta última fue junto a Josep Moreno firmante de la denuncia que dio origen a las pesquisas de la Fiscalía junto a la presentada por el parlamentario de EU Ignacio Blanco.

A diferencia de la primera denuncia, que se dirigía también contra el presidente del Gobierno autónomo, Alberto Fabra, y los miembros de su Consell, por la adquisición de Valmor en 2012, la actual sigue los pasos del ministerio público, que hasta ahora se ha centrado en la primera etapa, el modo en que se organizó el evento.

El candidato socialista a la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que habían decidido hacerlo así porque su objetivo no es “aprovechar esta cuestión en términos electorales, sino que se sepa la verdad”.