El ‘número dos’ de Carlos Fabra será juzgado por corrupción

Francisco Martínez, alcalde de Vall d’Alba desde 1991, exvicepresidente de la Diputación de Castellón y durante años la mano derecha del ex todopoderoso líder del PP en la provincia, Carlos Fabra, será juzgado por delitos relacionados con la corrupción. Le acompañará otro referente del fabrismo, el exalcalde de Borriol, Adelino Santamaria. Ambos se sentarán en el banquillo de los acusados porque el juzgado de Instrucción 2 de Castellón ha dictado auto de apertura de juicio oral por la investigación del escándalo de la depuradora de Borriol. Junto a ellos están acusados cinco personas más: los dos hijos de Martínez, su socio Raúl Babiloni, un trabajador de su socio y un funcionario de la Diputación. Serán juzgados, tal y como informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, por dos presuntos delitos continuados de prevaricación, cuatro de tráfico de influencias, siete de fraude ilegal y uno de negociaciones prohibidas. La juez ha señalado que sea la Audiencia Provincial la que los juzgue al haber delitos penados con más de cinco años.

Martínez, que este viernes ha pedido la baja del PP sin abandonar la alcaldía, se enfrenta a penas que van de los dos a los siete años de cárcel por varios delitos relacionados con la corrupción. Su calvario judicial le ha llegado por una finca rústica de 2.706 metros cuadrados —cuya propiedad compartía con sus dos hijos a través de una sociedad familiar llamada Franvaltur— y su inclusión en un proyecto que él mismo gestionaba como diputado provincial de obras: la depuradora de Borriol. Martínez y sus hijos iban a recibir 51.000 euros en compensación por la expropiación de esta finca por parte del Ayuntamiento. Los terrenos habían sido valorados en 3.000, así que la operación iba a reportar al clan familiar 48.000 euros.

El pelotazo estalló justo el mismo día que el pleno municipal iba a aprobar la expropiación. El edil de Compromís, Silverio Tena, investigó este proyecto al extrañarse del elevado precio al que creía que se estaban pagando los terrenos para la depuradora y advirtió, poco antes del pleno, que tras Franvaltur se escondía el nombre de Francisco Martínez y lo denunció públicamente. El pleno se suspendió y el presidente de la Diputación, Javier Moliner, cesó ese mismo día a Martínez como vicepresidente (permaneció aún como diputado raso). “Ni la Diputación va a permitir que se construya la depuradora en esos terrenos, ni el Ayuntamiento comprará la parcela”, dijo Moliner.

Martínez salió al paso con estos argumentos: “En cualquier Diputación y Ayuntamientos hay cientos de expedientes expropiatorios que afectan a alcaldes, diputados y sus familias, y por tanto es todo totalmente legal”.

El PP quiso dar por zanjada la polémica con el cese y el 'veto' a la compra pero el diputado de Compromís, Enric Nomdedéu, llevó el caso a la Fiscalía al asegurar que había “connivencia” entre ambos diputados (Martínez y Santamaría) y un posible tráfico de influencias. El fiscal acabó presentando una denuncia en julio del pasado año. En ella confirmó la mala praxis y evidenció los intentos del todavía alcalde de Vall d’Alba para esconder su nombre en el proceso. El exalcalde de Borriol, dijo sentirse engañado y desconocer la operación, pero también él se sentará en el banquillo. El fiscal concluyó que tenía “perfecto conocimiento” de la operación. La denuncia provocó la apertura de la causa judicial cuya instrucción se cierra ahora con la apertura de juicio oral.

La Diputación se hizo cargo del proyecto en 2012 porque la Generalitat lo había dejado aparcado. La polémica parcela no era necesaria en un primer momento pero lo acabó siendo cuando el departamento de Martínez asumió la competencia. El funcionario que irá a juicio es el que dio el visto bueno a este cambio de terrenos. El resto de parcelas para la depuradora estaban vinculadas a Babiloni y se iban a pagar por ellas 150.000 euros.

Adelino Santamaría dimitió como diputado y alcalde. Francisco Martínez dimitió como diputado tras ser imputado en la causa y ha renunciado a ser candidato por el PP en el pueblo que gobierna desde 1991, pero permanece con la vara de mando porque el partido no ha forzado su marcha tras su procesamiento el pasado febrero.