La Fiscalía de Málaga obliga a un fiscal a acusar a cuatro policías

La Audiencia de Málaga juzga desde octubre de 2013 a cinco policías (solo uno de ellos sigue en activo) por supuestos abusos sexuales a internas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de esta ciudad, cerrado en junio de 2012 por su mal estado. Las detenciones por estos hechos se practicaron en julio de 2006 en medio de un gran revuelo y tres de los principales inculpados llegaron a ingresar en prisión preventiva. Después de una larga instrucción, la fiscalía pidió inicialmente 27 años de cárcel en total para estos cinco agentes, con distinto grado de participación. Año y medio después del inicio de la vista oral, en el trámite de conclusiones finales e informes, se ha producido algo inusual en una sala de juicios: el fiscal del caso ha mantenido la acusación contra cuatro procesados, pero ha dejado claro que sigue órdenes de su jefatura y ha mostrado su desacuerdo con los cargos.

Tanto el ministerio público como las otras cuatro acusaciones del procedimiento, incluida Andalucía Acoge, han exculpado a uno de los exagentes. El caso gira en torno a supuestas fiestas nocturnas con mujeres inmigrantes que estaban en el CIE (como paso previo a su expulsión del país), a las que se dejaba salir de sus habitaciones, consumir bebidas alcohólicas o usar el teléfono para llamar a sus familiares. Habrían recibido regalos como tabaco y cosméticos y se pretendía crear, según el relato de la fiscalía, un “ambiente relajado de disciplina” buscado por los policías para después, si era posible, practicar sexo con ellas.

Dos de los acusados se enfrentan a una petición del fiscal de nueve y 10 años de cárcel, respectivamente, por mantener relaciones sexuales completas con sendas internas. Los otros dos no llegaron a tener sexo con las mujeres, aunque supuestamente lo intentaron en alguna de estas juergas.

Para el fiscal Jacobo Fernández-Llébrez, es “incuestionable” ese ambiente festivo e inapropiado en el CIE y reprochó a los agentes que no respetaran “la más mínima dignidad” y sus obligaciones profesionales. Las dudas le surgen al representante del ministerio público por el testimonio de la testigo protegida número ocho del caso, una mujer de nacionalidad venezolana con la que el principal acusado habría mantenido relaciones sexuales en tres ocasiones, en las que hubo consentimiento de ella “por la condición de autoridad” del policía.

Es decir, ese “consentimiento viciado” es el que ha expuesto la fiscalía siempre para acusar y con el que Fernández-Llébrez dijo este viernes no estar de acuerdo porque, en su opinión, el contacto fue “voluntario”. Esta mujer fue inicialmente una testigo de referencia y contó las supuestas fiestas del CIE y los regalos. Después, en una ampliación de su declaración ante la policía, relató sus contactos sexuales con el acusado.

“Si no dijo la verdad en un primer momento, ¿por qué vamos a pensar que lo hizo después correctamente?”, dijo el fiscal intentando transmitir sus dudas a los magistrados de la Sección Tercera, que tendrán que dirimir si ese consentimiento para tener sexo estuvo “viciado o no” y si existe, por tanto, responsabilidad penal. Para Fernández-Llébrez, que recordó que la testigo dijo que tenía relaciones porque conseguía regalos, no se da el tipo de abuso por el que acusa. “No estoy de acuerdo con la fiscalía a la que represento”, afirmó.

Las muestras públicas de un posible desacuerdo entre un miembro del ministerio público (se rige por un principio jerárquico) y su superior no son habituales. Una de las desavenencias recientes más sonadas fue la negativa de los representantes de la Fiscalía Superior de Cataluña a querellarse contra Artur Mas por la convocatoria de la consulta catalana del 9-N, como pretendía el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

“Es raro”, comenta un penalista con más de 30 años de experiencia sobre las palabras del fiscal en la sala de juicios de Málaga. Él no ha visto nada igual, aunque resalta la “honestidad” del jurista. Cree que los desacuerdos con un superior jerárquico pueden ser habituales, pero no se expresan. Una de las vías, explica, es dar por reproducido un escrito de acusación en el trámite de informes sin añadir más discurso.