Los presuntos abusos policiales fuerzan el cese del director del CIE de Málaga

El director del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, Luis Enrique López Moreno, ha sido destituido a raíz de los presuntos abusos sexuales a internas inmigrantes. Nueve policías se encuentran imputados por este caso, cinco de ellos por abusos, y los otros cuatro por omisión del deber de impedir delitos. López Moreno, que permaneció casi tres años al frente del CIE, estaba de vacaciones cuando se produjeron las primeras detenciones, el 21 de julio. El ex responsable del centro había solicitado en varias ocasiones que mujeres policía se hicieran cargo de la custodia de las internas, según indicó Francisco Puertas, secretario provincial de la Unión Federal de Policía (UFP), que consideró a López Moreno "una víctima más". Siete funcionarias se han incorporado a la vigilancia del CIE recientemente.

Otro mando del centro de extranjeros, el jefe de seguridad, también fue destituido por este asunto. José Rodríguez Pablos, que fue quien alertó a la comisaría provincial de la celebración de las supuestas fiestas nocturnas en el CIE, fue imputado por abusos sexuales después de que dos internas declararan que habían sufrido "tocamientos" en un despacho. El nuevo director del CIE es José Luis Ruz Salas, que estuvo destinado en grupos especializados de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga, según fuentes policiales. Antes de su nombramiento era jefe del grupo de Homicidios.

"Hay que depurar más responsabilidades e investigar más a fondo", pidió ayer el parlamentario andaluz de IU Antonio Romero. Las ONG reclaman lo mismo. La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes señaló que el subdelegado del Gobierno, Hilario López Luna, ha consentido "continuas negligencias en la gestión del CIE y todos estos desastres". La asociación Málaga Acoge le hace responsable del aborto de una de las testigos por "vulnerar la normativa de Extranjería, que impide el internamiento y la expulsión de personas con graves problemas de salud". López Luna señaló el pasado lunes que no piensa dimitir por este asunto.

Tutela policial

La interna que abortó aseguró en declaraciones a este periódico que fue intervenida quirúrgicamente con una mano esposada. El director médico del hospital Carlos Haya, José Antonio Trujillo, manifestó ayer que el protocolo con los pacientes que llegan bajo tutela policial no permite que sean atendidos con grilletes.

Además, los policías no pueden entrar en la habitación del enfermo por "respeto a su intimidad". Para practicar un legrado -raspado del útero- se emplea anestesia general, por lo que "no tiene sentido que la paciente esté esposada" y en ocasiones se inmovilizan sus brazos con sujeciones homologadas, una fijación "que puede resultar extraña" al enfermo.