El Supremo archiva la causa contra el ex ‘número dos’ del PP

El Tribunal Supremo ha archivado la causa por la que investigaba a José Luis Sanz, ex número dos del PP andaluz, senador popular y alcalde de Tomares (Sevilla), por malversación y prevaricación, tras los pagos al concejal Juan Campos por servicios inexistentes. Este edil percibió unos 2.000 euros al mes por informes supuestamente ficticios sobre obras municipales, según la juez instructora del caso, Reyes de Flores. “José Luis Sanz no ha firmado las facturas presentadas supuestamente relativas a trabajos no realizados, ni consta que haya tenido conocimiento”, reza el auto (resolución motivada) del alto tribunal.

La instructora De Flores remitió el pasado enero al Supremo la exposición razonada con los supuestos indicios que según ella incriminaban al político aforado en el supuesto desvío de fondos públicos. Ahora los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo desestiman dichas sospechas contra el senador del PP: “No hay indicios de que el aforado sustrajera o consintiera que lo hiciera un tercero, caudales o efectos del Ayuntamiento, por lo que no se aprecian indicios de malversación de caudales públicos”, subraya la resolución.

Sanz estuvo muy cerca de ser nombrado presidente del PP andaluz en el congreso regional de hace un año. Tras 19 meses como número dos y contar con el respaldo del anterior presidente Juan Ignacio Zoido y de la secretaria general María Dolores de Cospedal, finalmente, Mariano Rajoy se decantó por Juan Manuel Moreno, aspirante en las últimas elecciones autonómicas. Ayer Sanz expresó su “total satisfacción” por el archivo. “El trabajo estaba bien hecho y espero que se repare el buen nombre de Tomares (...) Todas las actuaciones de los concejales, así como de los habilitados nacionales han respetado de manera escrupulosa la ley”, informó en un comunicado.

El Supremo basa su decisión de archivar las diligencias contra Sanz en la falta de “indicios concretos” de los que deducir que el regidor y próximo candidato del PP a la alcaldía de Tomares conocía la actuación desarrollada por el concejal Campos. “Existen dudas sobre qué persona concreta propuso la contratación, pero en cualquier caso se refieren a personas distintas del aforado (...) El alcalde no realiza ninguna conducta aparentemente irregular y además establece una limitación económica, conforme con la legislación aplicable, siendo un hecho posterior e independiente la vulneración de ese límite previamente fijado”, indica el alto tribunal.

Entre 2007 y 2009 la juez instructora imputó a Sanz la firma del contrato con Campos, a propuesta del concejal Eloy Carmona y la firma del documento inicial de aprobación del gasto.

Sin embargo, las facturas presentadas, “que supuestamente no se corresponden con ningún servicio prestado y que no obstante son abonadas, son firmadas por el concejal de área y visadas por el interventor”, sin que conste la participación de Sanz en la verificación de la ejecución del contrato. El caso arrancó tras una denuncia de la Fiscalía de Sevilla. El total abonado a Campos fue 52.454 euros, pese a que el contrato firmado entre Sanz y su actual edil se estipuló para percibir 24.525 euros. “No existe documento de aprobación del gasto entre octubre de 2007 y mayo de 2008”, subrayó la juez. La Policía Científica certificó que las diligencias “ponen claramente de manifiesto que [los documentos] han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas”. Los informes fueron borrados de un ordenador el pasado noviembre, según los agentes.