Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El pacto contra la privatización del agua divide a los partidos

PP, Ciudadanos, UPYD y PA no firman el acuerdo por la defensa de este bien público

Desembalse de agua en el pantano de Bornos (Cádiz), del que se nutre Jerez entre otros municipios. Ampliar foto
Desembalse de agua en el pantano de Bornos (Cádiz), del que se nutre Jerez entre otros municipios.

La gestión del agua en España es mayoritariamente privada. El suministro que llega al 53% de la población ha sido externalizado por los Ayuntamientos y está en manos de compañías multinacionales. Desde 2010, este porcentaje se ha incrementado un 4%, fundamentalmente por la crisis. Muchos alcaldes han visto en el agua una herramienta para inyectar dinero a sus Administraciones asfixiadas.

Más de 300 asociaciones han creado el denominado Pacto por el Agua, una iniciativa nacional que busca la remunicipalización de este bien elemental. Pretenden que los distintos partidos políticos se comprometan en sus programas electorales a defender el agua como un servicio público. Este movimiento, tras llegar a Málaga y El Puerto de Santa María, ha hecho escala este sábado en Jerez, donde el gobierno municipal (PP) ha privatizado el suministro durante 25 años a cambio de un canon de 80 millones.

La jornada ha demostrado que el modelo de gestión del agua divide claramente a los partidos. PSOE, IU, Ganemos, Podemos e Iniciativa Progresista Jerezana (IPJ) firmaron su compromiso de favorecer este bien como servicio público. Por el contrario, PP, Ciudadanos, UPYD y PA, no estamparon su firma en el documento.

El ponente Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua y Saneamiento (AEOPAS) lamentó que en España se consolide el modelo privado de un bien que sí se protege en otros países como Países Bajos, Argentina o Japón, donde el 100% del agua es pública. “Vamos a contracorriente”.

La celebración de la jornada del Pacto por el Agua tiene una especial relevancia en Jerez, la última gran ciudad en externalizar el servicio pese a la frontal oposición de partidos políticos mayoritarios y de la Coordinadora del Agua, que consiguió recoger casi 15.000 firmas contra la privatización. Todos ellos han clamado contra una operación que consideran “un negocio” para la empresa Aqualia (FCC) y “una estafa” para la ciudad, que se ha desprendido de su único servicio rentable hasta 2038 a cambio de 80,1 millones de euros cuando la multinacional obtendrá beneficios por 345 millones, según los datos del propio Ayuntamiento. Paco López, portavoz de la Coordinadora del Agua, censura: “El recibo se ha encarecido un 11% y los cortes de agua entre los abonados se han triplicado”.