La patronal plantea un observatorio de concesiones públicas y conciertos

La CEV defiende la gestión público-privada y asume una mayor transparencia

Alberto Fabra con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y varios consejeros, antes de la reunión que mantuvo la patronal con el PP.
Alberto Fabra con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, y varios consejeros, antes de la reunión que mantuvo la patronal con el PP.Mònica Torres

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, lo comparó con el ya existente Observatorio del Comercio. “Sería una herramienta para representar todos los intereses de ciudadanos, Administraciones y empresas”, señaló. El Observatorio de la Cooperación Público Privada que este jueves propuso la patronal incluiría también a representantes de las universidades. Con la vista puesta en unas elecciones, las del próximo 24 de mayo, en las que apuntan las encuestas una mayoría de izquierdas en la Generalitat, la CEV lanzó esa iniciativa en el marco de la presentación de un informe en defensa de las concesiones administrativas y los conciertos para la gestión de servicios públicos en áreas como la sanidad, la educación, la limpieza, el transporte, la logística, la distribución farmacéutica o el suministro de agua potable.

Si Mónica Reig, directora asociada del programa Partners del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de Esade, que abrió la jornada, aludió a la importancia de la fórmula público-privada para la gestión eficaz del Estado del Bienestar en la Unión Europea y reclamó situarla “por encima de los ciclos electorales”, también apuntó que, en materia de transparencia y de imparcialidad en las adjudicaciones, hay en España todavía “recorrido por hacer”. Navarro insistió en ello al considerar el modelo una “alianza estratégica por encima de los tiempos electorales” y afirmar que, en tiempos de crisis y de recortes, juegan un papel todavía más clave “la transparencia y la ética”.

El movimiento empresarial trata de salir al paso de las críticas de la izquierda al amiguismo y la opacidad en conciertos y concesiones durante las dos décadas de gestión del PP y recela de su intención de revisarlas y someterlas a profundas auditorías. También busca responder al descrédito en la opinión pública causado por casos de corrupción que un asistente al acto describió como “ruidos generados por situaciones indeseables pero aisladas”. Y ha plasmado su posición en el decálogo de conclusiones de un informe elaborado por una comisión presidida por Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud.

La organización empresarial abre con el PP una ronda con varios partidos

“Sin la cooperación público-privada no se podría mantener el actual Estado del Bienestar”, señaló De Rosa, tras revindicar la “larga tradición” de esa fórmula en España. “No hay cooperación público-privada buena y mala”, sostiene el informe en sus conclusiones, que piden “apartar del debate público la demagogia” y reclaman un “marco jurídico estable” y menos burocracia. De Rosa señaló que hay que situar el foco en la calidad del servicio “y no en quién lo gestiona” y, antes de abogar por aprovechar los mecanismos de financiación europea para este tipo de proyectos, planteó como fundamental “el papel de la Administración desde su función de planificación, regulación, control, auditoría y evaluación, impulsando proyectos sólidos y viables”. Añadió que es necesario ofrecer “una total transparencia y dar todos los datos” a los ciudadanos

Navarro explicó a los periodistas que la creación del Observatorio de la Cooperación Público Privada sería uno de los temas que la CEV propondría al presidente de la Generalitat en funciones y candidato del PP, Alberto Fabra, y su equipo, con el que se reunió a mediodía, en una ronda que la patronal de Valencia pretende mantener con todas las formaciones políticas, incluidas las más reticentes a las concesiones y los conciertos, para exponer sus prioridades de cara a las elecciones autonómicas. El presidente de la CEV recordó que el agua de un 70% de la población valenciana se gestiona mediante concesiones público-privadas, 15.000 profesionales trabajan en los centros educativos concertados y la sanidad concertada ha creado 18.000 empleos.

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