La vida más allá de La Utopía

Las familias de la corrala sevillana, desalojadas hace un año, continúan “en precario”

Miembros de la corrala La Utopía posan en la puerta de la que fue su casa.
Miembros de la corrala La Utopía posan en la puerta de la que fue su casa.paco puentes

Las viviendas están a la venta desde hace semanas, pero ellas siguen refiriéndose a mi casa, mi terraza, nuestro edificio... Para las familias que ocuparon durante casi dos años la bautizada como corrala La Utopía en Sevilla, y que fueron desalojadas por la policía hace ahora un año, este inmueble de la calle Juventudes Musicales aún forma parte de sus historias. “Hemos vivido momentos muy difíciles ahí dentro, pero también hemos aprendido muchísimo”, dice Toñi Rodríguez, una de las vecinas. “Aquí conocí a la que es hoy mi única familia”, añade Mari Carmen Morillo. Y de sus reivindicaciones. “El edificio es símbolo de la lucha por el derecho a una vivienda”, defiende Irma Blanco. Tras el desalojo, las familias fueron reubicadas por la Junta, una decisión que supuso la primera brecha seria en el pacto de Gobierno entre PSOE e IU.

Muchas de las familias llegaron a la corrala tras ser desahuciadas. Otras, por el efecto llamada y ante la imposibilidad de hacer frente a un alquiler. Durante meses, sobrevivieron sin luz y sin agua. Un año después, solo la vivienda ha dejado de ser una de sus preocupaciones. Según la Administración, nueve familias fueron realojadas en viviendas públicas, mientras que otras siete están de alquiler en viviendas privadas. “Ya no vivimos con el miedo a que nos puedan echar de nuestras casas, pero seguimos viviendo en precario”, reconoce Blanco.

Muchas de estas 16 familias han agotado todo tipo de prestaciones y viven gracias a sus familias o a la ayuda de organizaciones sociales. “A veces, mi marido le echa una mano a un amigo repartiendo publicidad. Le paga unos 10 euros al día. Al mes, podremos contar con unos 70 euros”, explica Morillo, quien señala que lleva 10 meses esperando el salario social. “70 euros que se gastan con ir una sola vez al supermercado. Un familiar también nos ayuda. Nos trae lo básico: huevos, pan, patatas, productos de higiene...”, reconoce emocionada Morillo. “Vivimos con los 426 euros que le dan a mi marido, en paro desde 2011, y gracias al apoyo de la familia”, cuenta Ángeles Leal, quien intenta sacar al mes un dinero extra con la venta de jabones naturales y productos artesanos que ella fabrica. A ello se suma la dificultad para encontrar un empleo. “No hay trabajo para nadie y lo que hay son contratos precarios”, critica María Llanes. “De vez en cuando, cuido a unos niños, pero eso no da para vivir”, apunta Elena Contreras.

La decisión de la Consejería de Fomento, en aquel momento en manos de Elena Cortés (IU), de realojar a estas familias supuso un sonado encontronazo entre los dos socios de Gobierno, ya en esta ocasión la presidenta Susana Díaz barajó la posibilidad de adelantar las elecciones, tal y como hizo finalmente el pasado enero. Según Fomento, se tratan de realojos “provisionales, transitorios y en precario” en los que las familias solo deben hacer frente al coste de los suministros. Sin embargo, las vecinas aseguran que pagan un alquiler acorde a sus ingresos. “Pago 39 euros al mes en concepto de alquiler, comunidad y agua, aparte luz y gas”, enumera Rodríguez, quien fue realojada junto a su hijo de 15 años en un edificio a escasos metros del ocupado.

La permanencia de estas familias en dichas viviendas, señala la consejería, se prolongará “mientras cumplan los requisitos” establecidos. “Nosotras no ocupamos el edificio por capricho, sufríamos una situación insostenible”, señala Blanco, quien recuerda que el Tribunal Superior de Justicia avaló después la actuación de la Administración autónoma. “Hemos aguantado el pulso, y lo hemos ganado”, asegura Contreras.

Pero las familias aún tienen que superar otro escollo: el judicial. Una juez de Sevilla les ha imputado un supuesto delito de usurpación de inmueble (en este caso, propiedad de Ibercaja, que se apartó del procedimiento penal). Para los 51 acusados, la fiscalía pide una multa de cuatro meses con una cuota diaria de seis euros (720 euros). “Cuando te lo quitan todo, no tienes miedo a nada”, asegura Leal. “Lo único que hicimos fue defender nuestro derecho a la vivienda y lo seguiremos haciendo”, mantiene Blanco.

Sobre la firma

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Fue redactor en la delegación en Andalucía durante más de seis años y, actualmente, es portadista web. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de periodismo de EL PAÍS, también trabajó en Diario Sur e Infolocalia. En 2009, ganó el premio nacional Alma de Periodista.

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