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La Sindicatura de Comptes exige más control de los servicios extraescolares

El órgano pide a la Generalitat que obligue a los centros a informar de los precios

Un aula del colegio público Juan XXIII de Torrent .
Un aula del colegio público Juan XXIII de Torrent .

La Sindicatura de Comptes encuentra lagunas en la información que los centros educativos públicos y privados ofrecen de sus actividades extraescolares y sus servicios complementarios. El órgano fiscalizador aconseja a la Generalitat extremar el control económico sobre estas actividades en los centros de primaria auditados, que absorben 1.493 millones de euros, un 37,2% del presupuesto de la Consejería de Educación. Así lo recoge el informe firmado por el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, titulado Una oportunidad para la mejora de la gestión: Auditoría operativa de enseñanza primaria, tras la visita a 18 colegios —nueve concertados y otros tantos públicos—.

El informe añade que “del trabajo realizado se desprende que, con carácter general, los centros concertados no solicitan autorización de precios de estas actividades complementarias”, cuando es un trámite preceptivo. También es generalizado el “ánimo de lucro” a la hora de organizarlas y sucede tanto en los centros públicos como en los concertados.

La auditoría advierte de que la normativa autonómica “no es suficientemente clara en torno al principio básico de gratuidad”. Y subraya que se han detectado en centros escolares concertados casos en los que las aportaciones económicas “no pueden considerarse estrictamente voluntarias pues no queda reflejado expresamente en la información facilitada a las familias”. La Sindicatura pone de manifiesto que la dirección territorial de Educación no ha actuado ante el incumplimiento de las normas.

Dentro de los servicios complementarios, la Sindicatura ha fiscalizado el funcionamiento de los comedores escolares. La entidad estima que el margen del beneficio del curso escolar 2013-2014 por la gestión de los centros revisados asciende al 9,8%. Además, indica que el coste que soportan los centros en concepto de menú varía entre los 2,61 euros por comensal y día y los 3,16 euros. La variabilidad de precios es mayor en el servicio de monitores de comedor, ya que la diferencia entre el coste más bajo y el más elevado es del 72%. La Sindicatura recomienda acudir a sistemas que racionalicen la contratación.

Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana incidía en algunos de estos aspectos el pasado febrero. “Vulneración generalizada de la obligación de informar [a las familias] de la voluntariedad en la realización de actividades complementarias por parte de los centros concertados”, fue una de las conclusiones del Informe de Control Financiero sobre los conciertos con los centros docentes privados valencianos de 2013, según el cual también se vulneraba la “gratuidad de la enseñanza” en algunos casos al obtener ingresos “por conceptos tales como material didáctico, cajas de herramientas, etc.”.

Otro de los puntos que destaca el informe es que el periodo de pago de los gastos de funcionamiento tanto de centros “se ha deteriorado en el periodo 2009-2013”. La auditoría de la Sindicatura de Comptes advierte también de que el pago delegado a los docentes en los centros concertados “supera los límites” previstos en la ley de Presupuestos porque “se han estimado en base a condiciones retributivas estándar". Por ello, recomienda establecer los módulos económicos de acuerdo con las condiciones retributivas reales, proveer de herramientas de control adecuadas para facilitar el control tanto a priori como a posteriori y “establecer los gastos variables en función del tamaño del centro”. El documento concluye que el control económico ejercido por la consejería, junto con la dirección de los centros docentes, se sitúa “en un nivel medio”.

La Consejería de Educación presentó alegaciones al informe de la Sindicatura, que concluye con una serie de recomendaciones que refuercen el control y la transparencia sobre los centros escolares. El departamento que dirige María José Català señala en su escrito de alegaciones que las propuestas del informe “están siendo consideradas para su implantación”.