El Canal se autoadjudica un concurso para gestionar las averías desde Perú

Cuando un cliente del Canal de Isabel II llame a partir del 27 de mayo al servicio de averías y urgencias, lo más probable es que le responda un operador con acento suramericano. La empresa suministradora de agua acaba de adjudicar el concurso de atención telefónica a la compañía GSS Venture, que ha decidido llevarse parte de los 250 teleoperadores a Perú. La firma GSS está controlada en un 25% por el propio Canal, con lo que se ha adjudicado este concurso que salió al mercado por 20 millones de euros para los próximos cuatro años.

El concurso incluía tanto la atención telefónica como la de las 11 oficinas que tiene el canal repartidas por la región (dos en la capital y nueve en municipios importantes). Esta última se hace de manera presencial en horario comercial. El teléfono 900 365 365 es el que centralita toda la información del canal, además de las averías y las urgencias. Hasta la fecha, el servicio lo estaba dando la misma firma, GSS Venture, en la sede que tiene en el número 319 de la avenida de la Albufera, en Villa de Vallecas.

Al concurso se presentaron cuatro empresas especializadas del sector, cuyo precio osciló entre los 15,4 millones de GSS Venture y los 19 de Atento. La diferencia tan grande se debió, según denunció ayer el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), a que GSS se lleva parte del servicio teléfonico al extranjero y reduce costes. “Llevan más de 10 años prestando este servicio y resulta una vergüenza que, con los problemas de empleo que tenemos, se destruyan aquí”, criticó Santiago Alonso, de CGT.

La noticia ha sentado especialmente mal en el sector, según el sindicato, porque hasta la fecha ninguna Administración pública había mandado al extranjero los servicios de atención al cliente. “No resulta comprensible que lo haga una compañía como el Canal de Isabel II, que tiene beneficios y que es de todos los madrileños. Es más, resulta una salvajada”, destacó Alonso.

El representante del sindicato achaca la diferencia de las ofertas económicas precisamente en la internacionalización de parte del servicio. “El resto de las compañías no lo ha hecho y por eso ha ganado un concurso tan interesante”, afirma el representante de CGT. Además, en su opinión, lo han aprobado justo en la última etapa de legislatura para que los futuros responsables de la Comunidad no puedan frenarlo. El nuevo concurso entra en funcionamiento el 27 de mayo, tres días después justo de las elecciones autonómicas y municipales.

De momento, solo se llevarán fuera averías y urgencias junto con seguros y riesgos. Este último departamento es más pequeño y tiene una incidencia menor, según CGT. La reestructuración de la empresa la acometerán justo en los próximos dos meses, por lo que se desconoce por el momento el número de trabajadores afectados o que se podrían ver despedidos con el nuevo contrato.

El sindicato también ve problemas en el hecho de que un cliente notifique un hecho grave, como una rotura, y le atienda una persona que desconoce la región y hasta los grandes municipios.

Fuentes del Canal de Isabel II aseguran que por ley no pueden poner ninguna limitación al lugar desde el que se presta el servicio telefónico. En cambio, las oficinas de atención física sí que tienen que estar en la región. De hecho, argumentan que, si una compañía cumple con los requisitos técnicos y las cláusulas legales, puede estar incluso en el extranjero. Para ello ponen como ejemplo que este concurso, al ser de tanta envergadura, se publicó en Diario Oficial de la Unión Europea. “No existe posibilidad de limitar la prestación del servicio a un determinado territorio”, mantienen estas fuentes.

El sindicato CGT: “Es una salvajada” eliminar 250 empleos en Madrid

El sindicato discrepa de esta percepción y sostiene que hasta la fecha siempre se ha incorporado esa cláusula a los concursos del Canal. “No lo han hecho ahora porque no les ha interesado. Querían que ganara su propia empresa”, afirma la CGT. También podrían haber elevado en el concurso el nivel retributivo de los empleados, lo que imposibilitaría llevarlo al extranjero.

Los trabajadores tienen previsto iniciar movilizaciones en cuanto terminen las vacaciones de Semana Santa, además de reunirse con los distintos partidos políticos para intentar que, cuando entre un nuevo Gobierno, denuncien el contrato y se saque de nuevo a licitación. “No tiene mucho sentido que saquen un concurso tan grande en la última etapa, sobre todo, en un servicio en el que no existe posibilidad de subrogar a los trabajadores”, concluye Alonso.