El juez Ruz imputa al exjefe de prensa de Arenas en el ‘caso Gürtel’

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas y miembro del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía, por su papel como intermediario de la adjudicación del stand de Jerez en Fitur 2004 a sociedades de la red Gürtel. En un auto de apenas cinco páginas, el magistrado cita a declarar a Cuberos el próximo 28 de abril para que explique cómo se tramitó el contrato de una operación por la que llegó a cobrar más de 50.000 euros. El magistrado imputa igualmente a dos técnicos municipales y a cuatro responsables de las sociedades del entramado que lideraba Francisco Correa, pero no nombra en su resolución a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), a la que semanas atrás los peritos judiciales situaban al borde de la imputación como responsable del órgano municipal que contrató servicios con Gürtel por importe de 355.000 euros saltándose la Ley de Contratos de la Administración Pública. La regidora es aforada por su condición de senadora y solo el Tribunal Supremo podría imputarla, por lo que no se descarta que Ruz la señale una vez que interrogue a los primeros imputados y se inhiba a favor del alto tribunal.

El juez Ruz sigue la línea marcada por el fiscal, que hace cuatro días solicitó al juez la declaración como imputados de las seis personas que ahora cita el magistrado por un posible delito de prevaricación. En el auto cita seis supuestas irregularidades detectadas por el ministerio público y que se pueden resumir en tres: la documentación del expediente de adjudicación y contratación se elaboró después de la adjudicación municipal y de la celebración de Fitur, la adjudicación se pudo hacer sin las garantías que exige la ley y los pagos de las facturas del servicio no cumplían las condiciones recogidas en el expediente.

El auto de Ruz también se apoya en los informes de los peritos judiciales, que concluyeron como ya hiciera la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que las sociedades de la trama “realizaron contrataciones y efectuaron pagos” a distintos proveedores para la ejecución del pabellón de Jerez antes de que la alcaldesa Pelayo adjudicara los trabajos. La Intervención General del Estado consideró acreditado que el Ayuntamiento “dio apariencia de legalidad a la documentación administrativa, incluidos los contratos, que no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos, sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos”.

Ruz imputa a Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Javier Nombela, como trabajadores y directivos de las sociedades de Gürtel, por participar en la elaboración de la documentación y firma de los contratos. En el caso del Ayuntamiento jerezano, el instructor, de momento, limita la responsabilidad a dos técnicos municipales, uno por justificar la urgencia del procedimiento que eximía del concurso público y una segunda trabajadora por elaborar la documentación que firmaron el secretario municipal, la alcaldesa Pelayo y el vicepresidente del órgano contratante, el concejal Bernardo Villar.