PSOE y PP se enzarzan en Vigo en acusaciones de corrupción

El PP denuncia presuntos enchufes de afines a miembros del gobierno local

Carmela Silva y Abel Caballero, durante el pleno
Carmela Silva y Abel Caballero, durante el plenolalo r. villar

Una hora de espera a las puertas del Ayuntamiento de Vigo para apenas 20 minutos de pleno. La sesión para aclarar la política de personal en las contratas, solicitada por el PP a raíz del caso de supuesto enchufismo de una familiar de la teniente de alcalde, la socialista Carmela Silva, se zanjó ayer en menos de media hora y con menos tensión entre los asistentes de la habitual en otros debates polémicos. Los partidarios del alcalde, Abel Caballero, fueron más madrugadores y coparon la mayoría de los asientos reservados para el público. El grupo socialista replicó al PP con los casos de presunta corrupción en que está envuelto ese partido en instituciones en las que gobierna.

 El pleno se zanjó con la aprobación de una resolución que reclama mayor transparencia en las concesiones municipales, aprobada con los votos del PP, el rechazo del PSOE y la abstención del BNG. La explicaciones de los socialistas no las dio Caballero, como pretendían los populares, sino su portavoz, Carlos López Font, que acusó al principal grupo de la oposición de actuar como “un comando de apoyo a la candidata” de su partido, Elena Muñoz, a la que vinculó con el supuesto fraude en cursos de formación de la Operación Zeta como firmante de la autorización del gasto como interventora de la Xunta y como conselleira de Facenda. Font también apeló a “los 400 enchufes” de la Diputación de Ourense, a los que investiga el juez en el Ayuntamiento de A Coruña relacionados con Vendex y a la imputación del presidente de la de Pontevedra, Rafael Louzán, por supuesto cohecho.

El concejal del PP Miguel Fidalgo exigió a Caballero que fuese “un paso más allá del ‘nada que decir” y “rinda cuentas ante los ciudadanos” para explicar el caso, por el que están imputados tres funcionarios del Ayuntamiento de Vigo: el actual interventor, su antecesor y el jefe del área de Empleo, a los que se implica en un supuesto trato de favor a la cuñada de Silva. La juez investiga si existen ilegalidades en el contrato de la familiar de la teniente de alcalde, tal y como denunció ante la fiscalía la plataforma ciudadana Xuntos, que considera que se creó un empleo ficticio para cotizar y abonar un sueldo a la beneficiaria sin que esta acudiese a su puesto de trabajo.

Fidalgo pidió al gobierno municipal que informe sobre la documentación requerida por el juzgado de instrucción y sobre las medidas que va a adoptar para aclarar los hechos. “Lo único que el PP persigue es que digan qué está pasando. Lo peor es dar la callada por respuesta”, afirmó el concejal del PP, quien mostró el “máximo respeto” de su grupo a la acción de la justicia y a la presunción de inocencia de los imputados. El de ayer fue el segundo pleno sobre el caso solicitado por los populares, después de que un informe del secretario municipal frustrase un primer intento de convocar una sesión extraordinaria monográfica sobre el caso de la cuñada de Silva. Los populares tuvieron que reorientar su petición hacia los mecanismos genéricos de control en las concesionarias del Ayuntamiento.

En su réplica, el portavoz socialista argumentó que las adjudicatarias tienen más de 3.000 contratos y que la justicia “investiga uno, de una persona que tuvo un contrato temporal, y que ahora está en el paro como tantos vigueses”. “Ya me gustaría que ustedes dieran cuenta de todas las ilegalidades que cometieron, sobre todo en materia urbanística”, retó López Font al PP, al que reprochó el “perjuicio” que causa a tres funcionarios “sin tener en cuenta su vida personal y profesional”. El edil socialista afirmó que son los concejales del PP los que “deberían dimitir” tras el informe sobre la primera petición de pleno, que sostiene, afirmó, que pretendían cometer un “abuso de derecho” y promover un “debate inútil e inquisitivo”.

Font recordó que el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, del PP, “no convocó un pleno” pese a que la investigación sobre supuestos enchufes en ese Ayuntamiento apunta a que estaba al tanto. “Todo esto es campaña electoral. El pleno se lo ha impuesto la candidata y ustedes han quedado reducidos a un comando de apoyo de la candidata”, acusó el socialista. La portavoz del BNG, Iolanda Veloso, recordó que su grupo lleva “meses pidiendo explicaciones” al regidor sobre esas supuestas irregularidades y sobre otras investigaciones en marcha como la Operación Patos, con la que el PP “no se mostraba tan bravo”.

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El único incidente importante que se produjo durante la sesión fue el desalojo de dos miembros de Xuntos que se encontraban entre el público, que recriminaban a gritos la “falta de transparencia” del alcalde.

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